- Los funcionarios por ley deberán presentar la declaración patrimonial conocida como Ley 3 de 3
Toluca / Estado de México
El gobierno del Estado de México promulgó la reforma constitucional para el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, la cual establece la obligación de los servidores públicos de presentar la Declaración Patrimonial, de Intereses y la Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, conocida como Ley 3 de 3.
Al respecto, el gobernador mexiquense consideró que la aprobación de esta iniciativa es un parteaguas en la historia estatal, así como un logro de la sociedad mexiquense y del trabajo coordinado entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pues esta reforma es motivo para continuar consolidando el combate a la corrupción que se lleva a cabo en la entidad, además sumarse a los esfuerzos que el Sistema Nacional Anticorrupción realiza en todo el país.
Precisó que la intención es garantizar a la ciudadanía que el ejercicio de los recursos públicos y el actuar de cada funcionario de gobierno estará apegado a la legalidad, ya que en caso opuesto se aplicarán sanciones a quienes incurran en actos de corrupción.
Además contempla la posibilidad de que los ciudadanos perjudicados por algún acto de corrupción, cometido por un servidor público, puedan demandar a la institución correspondiente y recibir una indemnización, así como la obligatoriedad de ofrecer trámites y servicios gubernamentales a través de internet, para evitar actos de corrupción y ahorrar tiempo a las personas.
El gobernador precisó que dicha iniciativa tiene tres ejes: el sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, la Responsabilidad Patrimonial del Estado y la Mejora Regulatoria. Agregó que el sistema estará regido por un comité coordinador, integrado por titulares de la Secretaría de la Contraloría, del Órgano Superior de Fiscalización, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, del Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del Consejo de la Judicatura y un Comité de Participación Ciudadana.