Con una cara de cinismo, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, aceptó ser extraditado para ser juzgado en México por peculado y tráfico de influencias, entre otros delitos.
Cuenta contres órdenes de aprehensión en el país; la primera por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; las otras dos, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
Sin embargo, todavía habrá que esperar por la llegada de el ex mandatario, quien se encuentra preso en Guatemala, pues está pendiente la resolución de otra solicitud formal de extradición por delincuencia organizada y lavado de dinero, la cual deberá resolver el Tribunal Quinto de Sentencia.
Esta audiencia se celebrará este 4 de julio, en la que decidirá si acepta o no también la extradición solicitada por el gobierno federal.
En tanto la portavoz del Ministerio Público guatemalteco, Julia Barrera, explicó que aún está pendiente resolver la primera solicitud de extradición, en la que México lo acusa de dos delitos federales: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Expuso que las solicitudes se están tramitando de forma independiente porque la Fiscalía mexicana así las presentó, pero agregó que en cuanto Duarte solvente el otro proceso y aunque decida no aceptarlo, se empezará con el trámite para devolverlo a su país.
Mientras tanto, en México, el diputado local Samuel García Sepúlveda informó que la próxima semana acudirá a la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, para presentar una denuncia por crímenes de lesa humanidad en contra del ex gobernador Javier Duarte.
El también abogado y activista indicó que el mismo 4 julio, en Holanda, se reunirá con la fiscal para América Latina, Fatou Bensouda, a quien le presentará –a través de una “demanda de persecución”– centenares de pruebas por delitos cometidos por Duarte y varios de sus colaboradores, quienes permitieron la realización de falsas quimioterapias y mintieron en sus reportes sobre el Sida en Veracruz.
Esperemos que en México se haga justicia en este caso, pero sobre todo que no se repitan situaciones similares, en que los funcionarios públicos se sirvan de su poder para enriquecerse a costa del pueblo y para realizar cualquier tipo de atropellos.
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