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Ante el vacío de credibilidad que han mostrado los partidos políticos y gobernantes las instituciones universitarias tienen la responsabilidad de llenarlo con propuestas para solucionar problemas como la corrupción y falta de valores, coincidieron Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM y Jesús Reyes Heroles, escritor y politólogo, durante su participación en el Foro de Ética y Cultura Cívica, organizado por una institución privada universitaria.

“Ante la falta de credulidad de otras instituciones, -incluyendo a los poderes legislativos que no han asumido su responsabilidad para aprobar las propuestas ley sobre el nombramiento del titular del órgano fiscal anticorrupción, entre otras propuestas ley estancadas porque no se quiere o por intereses de las fracciones legislativas de partidos, rezagando el avance político y social del país-. Por lo que las universidades públicas y privadas deben asumir el rol de liderazgo, proponer soluciones a los problemas del país, como la corrupción y no sólo quedarse en los problemas complejos de la ciencia, de lo contrario también van a perder la credibilidad”.

Por su parte, Reyes Heroles comentó que es tarea de las universidades pasar de las ideas a la transformación de la realidad por medio de propuestas de política pública que atiendas a problemas como la corrupción, el cual es percibido por los mexicanos como la mayor problemática en la actualidad. Y para ello, es necesario empezar con la formación de buenos ciudadanos.

«No se habla de los valores, y si no se habla de los valores no se van a formar mejores ciudadanos. Tenemos que darle las herramientas para eso a los jóvenes».

Reyes Heroles añadió que se debe de comenzar por darles esas herramientas a las mujeres, quienes están en un lugar subvalorado dentro de la sociedad mexicana, a pesar de que se les exige mucho.

En este punto de brindar mayor atención a las mujeres que toco el expositor Reyes Heroles. Hay que reconocer los ajustes que avaló en el periodo extraordinario de sesiones la Legislatura Local en materia de combate a la violencia contra la mujer para eliminar el plazo de 10 días que tenía la víctima para ratificar la denuncia que realice cualquier persona sobre delitos de violencia familiar, pues esos ilícitos se perseguirán de oficio.

Tanto la Fiscalía General de Justicia, como la Comisión estatal de Seguridad deben actuar con perspectiva de género y actualizar de forma constante el banco de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres en la entidad para tener localizadas las zonas geográficas con mayor índice delictivo.

Además se precisa que deben cumplir con el principio de máxima publicidad y el ministerio público debe iniciar la carpeta de investigación de oficio y sin demora en casos de posibles delitos de violencia de género; así como establecer medidas de protección a las víctimas.

Otro cambio, fue incluir en la Ley de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de México en el apartado de definiciones además de la obstétrica, en el noviazgo y la política.

En el tema de violencia política, tanto el IEEM, como el Tribunal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, el Poder Judicial, los gobiernos estatal y municipal tienen la obligación de organizar y dirigir las funciones públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política.

Falta esperar que estos temas sirvan para elaborar mejores instrumentos ley para constituir proyecto ley anticorrupción y protección de valores sociales, civiles y para las mujeres que son vitales en el desarrollo de la vida social, política y económica del Estado de México.

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