Improvisación Educativa En México.
Hemos sostenido que la llamada reforma educativa fue producto de una imposición e improvisación en la materia en México y cómo no, recordemos que posterior a las modificaciones de los artículos 3ro. y 73 constitucionales, el diez de septiembre de dos mil trece se promulgó el decreto de la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día once, entrando en vigor el doce del mismo mes y año, proceso relampagueante en perjuicio de la escuela pública que entró en crisis junto con sus maestros.
Los derechos de los trabajadores docente del estado fueron vulnerados con esa iniciativa, al ser turnada a la comisión legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación para su estudio, análisis y en su caso aprobación; sin el conocimiento preciso del contenido, de manera inmediata se aprobó, turnándola al pleno para su lectura, análisis y discusión el 3 de septiembre de 2013.
Los diputados de ese entonces omitieron darle la primera lectura, dejaron de analizarla y estudiarla de manera pormenorizada, como requería la iniciativa, toda vez que por su contenido, implicaba afectaciones serias en perjuicio de los maestros, en cuanto a derechos laborales y sindicales que el estado tiene la obligación de garantizar para todos los trabajadores docentes al servicio del estado, a todas luces la actuación legislativa fue improvisada e irresponsable, con su actuar sentenciaron a los maestros a la inestabilidad laboral.
Lamentablemente permearon más los acuerdos políticos entre las diferentes ideologías partidistas en contubernio en el “pacto por México”, los diputados al haber aprobado de manera general y particular, realmente lo hicieron sin tomar en cuenta el interés general de los trabajadores docentes del estado, se dedicaron a tomar en cuenta el ente y sus funcionarios que se encargarían de aplicar una ley con artículos que contravienen a nuestra Carta Magna, la violación constitucional no fue de su interés.
Los enfrentamientos dieron inicio, los medios de comunicación masiva reportaron las confrontaciones entre diputados, funcionarios de la Secretaría de Educación, líderes sin aceptación entre los trabajadores y maestros que disintieron de ese retroceso, como producto de la mayor improvisación educativa del sexenio.
La Ley General del Servicio Profesional Docente, no fue reconocida para garantizar la calidad educativa, se etiquetó en una ley mixta que agravia derechos laborales de los trabajadores, sin garantizar un conocimiento real del estado que guarda la educación en el país, mucho en esta entidad, desconocida por la autoridad educativa en turno y los legisladores.
Una vez aprobada en lo general y particular por la Cámara de Diputados, se turnó a la Cámara de Senadores, quien la envió el tres de septiembre de dos mil trece a la presidencia para su publicación, de manera sorpresiva, a pesar de las manifestaciones en contra protagonizadas en diferentes partes de la República y en un hecho repudiado, se determinó la expedición del decreto en las fechas señaladas en el primer párrafo.
En nueve días, a espaldas de los trabajadores docentes del país, se consumó el atentado al profesorado, para muchos un acto de improvisación, para otros un acto totalmente planeado y premeditado.
En la actualidad, la pretensión de evaluar a los docentes se ha suspendido en el Estado de México, el temblor ha parado temporalmente la improvisación legislativa que afecta a los maestros, en particular la evaluación para la permanencia, que amenaza con quitar el empleo si el maestro la reprueba tres veces.
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