Lejos de fortalecerse, la tensión en el Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México crece. Desde el pasado proceso electoral para elegir al nuevo gobernador mexiquense, los roces entre el presidente del PRD en la entidad, Omar Ortega Martínez, y la secretaría general, Ana Yurixi Leyva, eran muy evidentes, pues le apostaban a diferentes candidatos, pero todas estas diferencias y las que se sumaron ocasionaron que el conflicto llegara a manos del instituto a nivel nacional.
Y es que la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD resolvió suspender los derechos partidistas de Ana Yurixi Leyva, secretaria general en el Comité Ejecutivo Estatal (CEE), por un periodo de seis meses, lo que la inhabilitaría para participar en el proceso interno de selección de candidatos para los comicios de 2018.
Como parte de la sanción, se inscribirá a Leyva Piñón en la lista de militantes sancionados. El motivo de esta sanción es que carecía de facultades para convocar la integración de un Frente Amplio Democrático (FAD).
El pasado mes de Julio, Ana Yurixi Leyva convocó formalmente a dirigentes de los partidos políticos de oposición en la entidad a conformar una mesa de diálogo para integrar dicho frente para garantizar la transición en 2018.
En ese ocasión, en la que estuvo acompañada de secretarios nacionales y estatales de su partido, recordó que la expresión Alternativa Democrática Nacional (ADN) también está en favor del bloque y suscribió el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) por el que se instruye a las dirigencias estatales a buscar los acercamientos.
En seguida de este hecho, el líder estatal Omar Ortega y la militante afiliada Viridiana Fuentes Cruz iniciaron procesos internos y acusaron a la secretaria general de realizar actos fuera de la esfera de su competencia y hacer declaraciones sin el consenso del PRD, al turnar a los presidentes de los partidos políticos del Estado de México a integrar un bloque opositor para afrontar los comicios del año próximo.
Para su defensa, Leyva Piñón presentó pruebas que refieren la aprobación del FAD por su dirigencia nacional a finales de junio, previo a la conferencia de prensa del 12 de julio en la que anunció la remisión de las cartas a los dirigentes estatales de otros partidos para sumarse, en el entendido de que la dirigencia nacional convocó a las estatales a realizar los acercamientos necesarios para concretarlo, y de que éstas cuentan con autonomía en tanto se apeguen a los principios, línea política y ordenamientos legales del partido.
No obstante, el órgano jurisdiccional interno consideró que las declaraciones fueron emitidas a título personal porque no se sometieron a consideración del CEE ni se aprobaron; por tanto, implican una trasgresión a los estatutos.
Al cierre de esta edición, la dirigente perredista aseguró que no había sido notificada del fallo, y adelantó que, en caso de confirmar que es un hecho, recurrirá ante los Tribunales Electorales para su defensa.
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