Las incoherencias legislativas permitirán más deuda a las administraciones y se contraponen en los asuntos de incumplimientos de pagos de laudos que se arrastran en las administraciones municipales y en algunas instituciones de gobierno estatal, llegando el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), a solicitar la intervención de la Contraloría del Poder Legislativo, para que los gobiernos locales, asuman su responsabilidad y se eviten verse en casos de la separación del cargo, por disposiciones de un juez de la Procuraduría General de la República, dictando proceso judicial por desacato.
El propio contralor general de la legislatura local, Victorino Barrios Dávalos, admitió que unos 40 casos de laudo de diversos municipios mexiquenses, han llegado a la Contraloría del Poder Legislativo, porque los Presidentes Municipales se han negado a pagar y en desacato a las resoluciones que les obligan a pagar los adeudos y ahora se ven esos ediles en peligro de ser suspendidos de sus funciones administrativas para afrontar la justicia, como recientemente sucedió en el municipio de Coacalco, donde el alcalde en turno Erwin Castelán Enríquez, fue destituido y procesado, así mismo su antecesor David Sánchez Isidoro, diputado federal con licencia, también tiene ese juicio legal ante la autoridad judicial federal.
Respecto a la incoherencia legislativa mencionamos, que por una parte al menos 40 laudos han llegado a la Contraloría del Poder Legislativo mexiquense porque los presidentes municipales se han negado a pagar a trabajadores que demandaron, en su mayoría, por despidos injustificados y con esa resistencia, podrían incurrir en una responsabilidad administrativa.
Y las denuncias que han presentado las instituciones de estadísticas y financieras por endeudamiento que presentan la mayoría de los gobiernos municipales de la entidad, que en algunos casos son casi impagables a corto plazo.
Pero este jueves 26 de abril, de acuerdo con la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas (EPP), los diputados locales aprobaron en comisiones dicha ley, con la cual, el gobierno estatal, los municipios y los órganos autónomos podrán realizar proyectos con inversión privada para la prestación de algunos servicios y adjudicarlos por licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, o adjudicación directa.
Las y los legisladores locales avalaron esa norma que además de homologarse a la ley federal obliga a generar un reglamento y establece que esos proyectos solo tendrán luz verde cuando sean aprobados por las dos terceras partes de la Legislatura. Además el congreso deberá recibir informes trimestrales. Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguimiento de la Operación de Proyectos para Prestación de Servicios analizan iniciativa para expedir la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de México y Municipios
De acuerdo con la nueva ley, que este jueves fue votada en el pleno, las APP podrán usarse para proyectos como: servicios de salud y construcción de hospitales, construcción y administración de infraestructura para la educación y para energía eléctrica, construcción y administración de instalaciones para la impartición de justicia, de desarrollo urbano y para la movilidad; construcción y operación de redes de agua potable y saneamiento y de sistemas de seguridad.
También aplicar las innovaciones tecnológicas en la infraestructura nacional, cuando se acredite que las unidades contratantes hagan una alianza estratégica con personas jurídico colectivas dedicadas a la ingeniería, la investigación y a la transferencia y desarrollo de tecnología.
El legislador panista Iván Ayala, advirtió que con la experiencia de los ocho Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) que existen en la entidad, es decir, obras con la participación de la iniciativa privada, en materia de comunicaciones, de salud y de cultura, por las cuales el gobierno paga cerca de 2 mil 500 millones de pesos se ha observado que algunos han tenido deficiencias y falta de transparencia, por lo cual tendrá que haber un seguimiento.