La mujer indígena vive las peores condiciones de desigualdad, en pobreza extrema, víctimas de violencia, sin protección de seguridad social alguna, sin percibir salario, y bajo el abandono de los gobiernos e instituciones sociales, consideradas únicamente como botín político, alejadas a la vez del sistema educativo, por carecer en muchos de los casos de planteles educativos cercanos a sus lugares de residencia.
La Legislatura Local, ha tomado la responsabilidad de aprobar el punto de acuerdo por unanimidad para que los 125 ayuntamientos, las secretarías de Salud, Educación, Desarrollo Social y Agricultura, así como el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM), informen al pleno legislativo estatal, sobre el estado que guardan las políticas públicas que deben aplicarse para disminuir la brecha de desigualdad que afecta a las mujeres indígenas.
El punto de acuerdo aprobado por unanimidad además pide al CEDIPIEM informar el estado que guardan las políticas públicas implementadas para disminuir la brecha de desigualdad de las mujeres indígenas, eliminar su pobreza, y fomentar y garantizar sus derechos político-electorales.
También le exhorta a eficientar y maximizar el alcance de las políticas públicas a favor de las mujeres para lo que resta del 2018, y generar los mecanismos de planeación e innovación de políticas para la mejora de la calidad de vida de las mujeres y niñas indígenas durante el 2019.
A las Secretarías de Educación, Salud, Desarrollo Social y Agricultura, les pide explicar los resultados de los programas y presupuestos destinados a la atención de la población indígena
Al respecto el diputado Max Correa, “alertó que las mujeres indígenas son aún más vulnerables y padecen mayores condiciones de marginación y pobreza, por lo que se vuelve prioritario verificar y garantizar que se trabaja en abatir la problemática”.
Para ello, las dependencias estatales y gobiernos municipales deberán informar sobre las acciones y los recursos públicos asignados con la finalidad de mejorar el nivel de vida de las mujeres indígenas.
El legislador morenista lamentó que la educación básica es el límite máximo de estudios que actualmente puede alcanzar este sector; mientras debido a la falta de acceso a la educación, trabajo y a los roles de género, la condición de pobreza recae mayormente en ellas porque no son dueñas de las tierras, no perciben un ingreso por su trabajo y están dedicadas a actividades poco reconocidas en la sociedad.
“Es por eso que esperaríamos que desde el ámbito gubernamental estuviéramos avanzados en tratar de dirimir estas situaciones de violencia y desigualdad”, indicó.
Correa Hernández recordó que muchas políticas públicas que fueron creadas desde hace más de 30 años sólo dejaron despojo y empobrecimiento para las mujeres indígenas y sus familias, y las convirtió en blanco de cooptación de votos durante las elecciones.
El también Secretario General de la Central Campesina Cardenista (CCC) destacó que en el Estado de México casi 50 por ciento de la población vive en pobreza, la cual se concentra principalmente en las comunidades rurales indígenas, donde 17.8 por ciento vive en pobreza extrema, la mayoría mujeres.
Max Correa resaltó la importancia del punto de acuerdo, pues en el Estado de México vive 9.1 por ciento de la población indígena de todo el país, de los cuales, 421 mil 743 hablan alguna lengua originaria, siendo el mazahua y el otomí las de mayor uso.