Con transiciones o no, los tres niveles de gobierno no tienen voluntad política para buscar alternativas de solución en torno a la presencia del comercio popular, mal llamado ambulante o ilegal. Se siguen los lineamientos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo.
Ello para aplastar, desaparecer los usos y costumbres de llamados países en vías de desarrollo; se pretende imponer la cultura occidental y norteamericana basada en la “modernidad” comercial a través de grandes tiendas de autoservicio sostenidas por fuertes capitales que solo aspiran medrar con el dolor humano, con la pobreza.
A los pobres que son desempleados los contratan con bajos salarios que luego, paulatinamente van quitando vendiéndoles sus productos; unos hasta utilizan vales o tarjetas de plástico. Sí, volvemos a la tienda de raya.
Si alguien se atreve a independizarse ejerciendo el comercio popular, por todos los medios, utilizando a las autoridades locales, los presionan para que regresen a ser mano de obra barata, ello utilizando a las autoridades municipales y su fuerza pública. Se da un bombardeo de infracciones, decomisos con el pretexto de cuidar los Centros Históricos o los primeros cuadros de los municipios.
Aun así hay organizaciones que buscan mecanismos de subsistencia creando tianguis que tengan que enfrentar a las autoridades. En este sentido no es fácil independizarse, tiene su costo como la persecución, los golpes, las detenciones absurdas (quienes se defienden con los puños son enviados a la Fiscalía General, los que no, a la Comisaría u Oficialía Calificadora.
En el caso de la República Mexicana ni PRI, ni PAN, ni PRD, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, ni Morena tienen voluntad política para solucionar “lo mal que se ve en las calles” el comercio popular. Les es muy difícil aceptar que se requieren plazas comerciales populares en lugares donde se garantice la comercialización, la subsistencia.