Ecatepec de Morelos/ Estado de México
Para garantizar honradez en el manejo de los recursos públicos, es necesaria la cero tolerancia, así como aplicar las leyes en la materia e inclusive imponer cárcel a quienes incurran en este tipo d delitos, manifestó la diputada local Azucena Cisneros Coss.
Tras el anuncio del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) sobre el inicio de una auditoría financiera al último año del anterior gobierno municipal del PRI, en Ecatepec, Cisneros Coss exigió que se castigue con cárcel si hay desvío de recursos públicos.
De acuerdo con la OSFEM, el periodo por fiscalizar comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, para detectar posibles irregularidades o actos de corrupción en el manejo de recursos, pues la cuenta Pública de ese año, no se integró de forma correcta y fue rechazada por el Congreso Mexiquense.
El Auditor Especial Financiero y de Obra, Javier Enrique Neira Aguilar ordenó la realización de la auditoría financiera, OSFEM/AEEFO/AF/028/2020, cuyos trabajos iniciaron el 11 de septiembre. Al respecto la diputada del distrito 8 local de Ecatepec, Azucena Cisneros pidió al órgano fiscalizador, cero tolerancia en caso de detectar irregularidades y desvío de recursos en la administración pública.
“Desde la Legislatura daremos puntual seguimiento a esta fiscalización y si se comprueban irregularidades en el manejo de recursos públicos, exigiremos que se castigue con penas punitivas de cárcel a quien haya cometido desvíos”, apuntó la legisladora y recordó que las nuevas facultades del órgano fiscalizador, aprobadas en el Congreso y que impulsó Morena, permiten dar mayores herramientas para el castigo de responsables de desvío de recursos o casos de corrupción.
Ya el órgano fiscalizador puede promover presunta responsabilidad administrativa ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; presentar denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, dar informes de presunta responsabilidad administrativa ante el órgano interno de control competente, o incluso promover una denuncia de juicio político ante la Legislatura.