*Demanda el gremio periodístico al realizar una manifestación por las agresiones y asesinatos de comunicadores.
*La Legislatura aprobó crear un mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, pero no hay nada al respecto.
Toluca / Estado de México
En un desplegado redactado por el gremio periodístico se subraya que en el territorio mexiquense se han registrado dos homicidios, además de otros hechos lamentables y condenables de intimidación, agresión, represión, detenciones; obstrucción hacia las y los periodistas de la entidad.
Por ello demandan que el Gobierno del Estado de México instale el Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México, como lo marca la ley aprobada este año.
Asimismo, se exige a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México avance en las investigaciones y el esclarecimiento de los homicidios de Nevith Condés Jaramillo, asesinado hace dos años y de Enrique García García, a quien le arrebataron la vida hace más de dos meses, ya que hasta el momento, no se conocen resultados de las investigaciones de ninguno de esos homicidios.
También se exige que las autoridades investiguen y esclarezcan la agresión a Tere Montaño Delgado, quien recientemente fue víctima de secuestro exprés, robo y amenazas de muerte.
El 6 de junio una reportera fue encarcelada por policías municipales de Ixtapaluca, tras haber tomado una fotografía de la alcaldesa Maricela Serrano al momento de votar; el 21 de junio el fotoperiodista Julio César Zúñiga fue agredido por un grupo de mujeres en la Plaza de los Mártires en el Centro de Toluca; el 4 de agosto el periodista Miguel Ángel Alvarado fue golpeado y asaltado en la Terminal de Toluca, cuando cubría los decomisos de mercancía en contra del comercio informal; en mayo del 2020, elementos de la Policía Municipal de Toluca, impidieron la cobertura de un homicidio a los periodistas Abadiel Martínez y Bernardo Jasso de TV Azteca Estado de México, así como a dos fotoperiodistas de AD Noticias y de Reforma y a un camarógrafo de TV Azteca.
En julio del 2019 los fotoperiodistas Crisanta Espinosa y Jorge Solís fueron agredidos por inspectores verificadores de la Dirección General de Gobierno de Toluca, cuando documentaban los operativos de desalojo a un grupo de vendedores ambulantes; en 2019 un elemento de la policía municipal de Metepec trató de impedir una cobertura periodística de Abadiel Martínez de Milenio Estado de México; en mayo del 2017 trabajadores de la Caja de Ahorro, Cooperativa Pirámides agredieron a Daniel Lozada Gallegos, cuando cubría quejas de los usuarios de esa institución; en junio del 2017 Alan García, colaborador de El Gráfico fue agredido por presuntos militantes del PRI en la Plaza Las Américas de Ecatepec y a Phenélope Aldaz, de El Universal, intentaron robarle el celular con el que documentaba las agresiones.
En diciembre de 2017 se registró la detención arbitraria del camarógrafo Karim Rangel y del periodista Abadiel Martínez, ambos de Meganoticias en el municipio de Metepec; en 2016 David Deolarte, fotoperiodista de El Sol de México fue agredido por la Policía Federal, e intentaron detenerlo en la carretera México-Toluca, cuando cubría el hallazgo de cuatro cuerpos ejecutados; en noviembre del 2016, la periodista de Reforma, Iris Velázquez fue golpeada, humillada y detenida, mientras cubría un desalojo en Atizapán, por dos policías con toletes, quienes le arrebataron la cámara.
Resaltan que, la Legislatura mexiquense aprobó este año la Ley de Protección a Periodistas y Defensores del Estado de México, donde se establece la obligación de instrumentar un mecanismo de protección, que aún no aplica, y el cual solo ha quedado en el papel. Destacan que se cumplieron dos años del homicidio de Nevith, y más de dos meses del de Enrique, sin que la Fiscalía ofrezca avances.
Y alertaron que la impunidad solo favorece un mayor número de agresiones, por lo que se exige que independiente la Fiscalía General de Justicia haga su trabajo e investigue todas y cada una de las agresiones y los dos homicidios, a fin de que se haga justicia. También que se garanticen condiciones para realizar la actividad periodística de Tere Montaño, se proteja su integridad y la de su familia y no se descarte ninguna línea de investigación.