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Artículo.-Las administraciones salientes obligadas a rendir cuentas claras a la ciudadanía

*De lo contrario que ahora sí se aplique todo el peso de la ley.

*Los tiempos del Año de Hidalgo quedaron atrás.

En enero del 2022 darán inicio las 125 administraciones municipales para el periodo 2021-2023 en el Estado de México, por lo que en este mes de diciembre del año en curso igual número de alcaldes deberán de rendir cuentas a los cabildos en pleno y a la ciudadanía en general. Es de esperarse haya un ligero cambio de actitud con respecto a otros años en que se practicaba el Año de Hidalgo, que consistía en saquear las arcas para que las autoridades entrantes se vieran en serios problemas para realizar una buena gobernanza.

Al final del trienio 2019-2021, las autoridades locales debieron tener ya listos los informes de los ingresos y egresos; del ejercicio de los mismos en el gasto social, las actividades propias de los Ayuntamientos, etcétera debiendo brillar la honradez y las buenas administraciones que permitan dar continuidad a los proyectos programados que no fueron concluidos por circunstancias ajenas a la voluntad política de los gobernantes.

Todo mundo confía en un verdadero cambio a raíz de la puesta en marcha de la política del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador llamada Cuarta Transformación (4T), caracterizada por el combate a la corrupción, el respaldo a los pobres, así como la entrega de becas a los estudiantes en general, apoyo real al campo y la protección al medio ambiente. Eso sí se entendió bien la mística de trabajo del mandatario de la nación.

Así deben responder principalmente las autoridades municipales de extracción morenista, quienes deben estar a tono con la llamada 4T, de lo contrario se tendrán que atener a las consecuencias. Y es que hoy día todo es distinto, pues se debe recordar que ya existen leyes que castigan con todo el peso de la ley a quienes hayan fallado en el quehacer público. Ello porque la corrupción ya es considerada como un delito grave, además de que los habitantes de la perla mexicana contamos con la ley de extensión que permite recuperar lo robado por los políticos.

En ese tenor, algunos medios de comunicación han manejado información en torno a supuestos faltantes en cuentas públicas de Ayuntamientos, los unos basados en datos proporcionados por Regidores o Síndicos, los otros porque políticos les hicieron llegar datos; los hay quien ha escrito supuestas denuncias a ojo de buen cubero.

Sin embargo, la verdad solo saldrá a relucir una vez que hayan realizados las respectivas glosas, menester en el cual se ven involucradas diversas instituciones, además de los Regidores. Tenemos al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), al igual que a la Contraloría de la Legislatura Local. Conociendo los resultados quienes hayan incurrido en delitos por malos manejos o desvíos de fondos, sin lugar a dudas tendrán enfrentar a la ley.

Sí. Ya no son los tiempos de antes en que para evitar el que dirán, las autoridades locales o federales se hacían de la vista gorda dejando pasar problemas serios de corrupción, enriquecimiento ilícito y mal manejo de las cuentas púbicas Como dice El Peje, “el que la hace la paga”; esto lo ha demostrado en la práctica, aunque la reacción recurre a métodos que rayan en la ridiculez para minimizar la seriedad de la aplicación de la ley.

Esperemos que las autoridades salientes tengan la dignidad de dejar cuentas sanas; que en las arcas haya dinero suficiente para que quienes las sucedan empiecen a trabajar sin problemas económicos. Ya veremos cuántos políticos serán sancionados conforme a derecho. Ya no deben quedar impunes las malas administraciones; si es necesario el rescate de un Ayuntamiento, que se dé por causas justificadas: por la retención de partidas presupuestales de parte de autoridades estatales o federales, más no por malos manejos.

 

 

 

 

 

 

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