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Editorial.-Acerca de las movilizaciones sociales

Como en cualquier parte del mundo, en nuestro país existen diversas organizaciones sociales que hacen uso del derecho de manifestaciones para alcanzar reivindicaciones; para defender su realidad lo más puro que se pueda y de esta manera derramar lo logrado a los colectivos, contribuyendo a la vez a elevar la calidad de vida de quienes menos tienen.

Cuando se trata de una organización sana, que no utiliza la movilización para chantajear a los políticos,  es encomiable, y lo es más si no se enriquece con los recursos de la militancia (o lo que es peor, con recursos públicos emanados de los impuestos de los contribuyentes). El caso del Movimiento Antorchista, es motivo para reflexionar.

Llama la atención que esa agrupación tena una serie de negocios como una cafetería de lujo, en unas oficinas de súper lujo de Toluca, o que tena recursos para pagar espectaculares móviles de plasma para desacreditar el trabajo del gobernador Eruviel Ávila Villegas, cuando el dinero que se gastan en esta “táctica” lo deberían de utilizar para atender necesidades primordiales de su gente.

Aun así, reclaman solución a problemas de vivienda, de espacios educativos, entre otros que, insistimos, pueden ser atendidos con el dinero que utilizan para las campañas mediáticas de desacreditación política. ¿Acaso no entienden que se están poniendo a patadas con Sansón?, ¿Qué el mejor camino es el diálogo y la concertación, mediante el uso de buenos modales y del uso de un léxico moderado?

Llama la atención que con las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder, tengan posiciones de regidores, síndicos, presidentes municipales y diputados federales; cuando se llega a estos extremos, seguramente algo hay de por medio. Un partido no cede poder si no hay algo a cambio; los partidos se nutren de votos y en este contexto se establecen serios compromisos. Luego entonces, el Movimiento Antorcista ¿a quién quiere sorprender?

Cabe destacar que los hay grupos que desde la humildad siguen vivos, y que cuando encuentran las puertas cerradas y son víctimas de verdadera persecución, hacen uso de un derecho constitucional -y de las leyes internacionales-: de la vía armada, aun así, son dignos de encomio porque no viven de las necesidades de la población, mucho menos recurren al chantaje.

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