- La Ley Nacional de Reinserción Social y Ejecución de Penas busca garantizar los derechos humanos de los presos
Toluca / Estado de México
La Ley Nacional de Reinserción Social y Ejecución de Penas, presentada por el diputado Octavio Martínez Vargas ante el pleno de la LVIII Legislatura mexiquense, tiene el objetivo de garantizar los derechos humanos de los internos, así como modernizar el Sistema Penitenciario, quedando extinta la actual Ley sobre las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
En su mensaje el legislador del PRD expuso la importancia de impulsar un sistema penitenciario estatal que cumpla con las normas federales y las convenciones internacionales.
Pero además, subrayó la necesidad de modernizar el derecho ejecutivo penal o penitenciario en todo el país, acorde con las normas internacionales y Constitucionales en materia de reinserción social.
Y en consecuencia a esta reinserción social, indicó que se deben respetar los derechos fundamentales de las personas que han delinquido.
Detalló que su propuesta está estructurada en seis títulos: Disposiciones Generales, del Sistema Penitenciario de los Centros de Reinserción Social, de los Internos, de los Consejos Interdisciplinarios, Ejes de Reinserción Social y Ejecución de la Sentencia.
Para su elaboración –precisó- se retomaron conceptos de la Carta Magna de México, como es el trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte; “se establecen las bases mínimas para su aplicación en los centros penitenciarios, mismos que para estar acorde con la reforma, se propone el cambio de denominación por Centros Preventivos y de Reinserción Social”.
La iniciativa también hace referencia al respeto a las diferencias culturales, la protección a la libertad psicosexual, se retoman algunos de los derechos y obligaciones que previamente estaban mencionados en la ley vigente, se considera idóneo acortar el tiempo en que una madre puede continuar con la custodia de su hijo a cuatro años, asimismo se establecen las bases para el sistema de disciplina.
El diputado local destacó el apartado de los derechos adicionales que deben tener las mujeres internas, como recibir asistencia médica especializada preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, de acuerdo a su edad y género, salud materno-infantil, e indefectiblemente durante el embarazo, parto, postparto y puerperio, recibir trato de personal penitenciario femenino, entre otros derechos”, subrayó.
La iniciativa también propone sistematizar las facultades de los Consejos Interdisciplinarios y se les otorgan facultades adicionales a los Consejos Internos, como el de aplicar y dictaminar el tratamiento para contrarrestar los efectos negativos del encarcelamiento y los destructivos cambios de personalidad que acompaña la prisión, como el fomento de la lectura.
Asimismo se considera la creación de un sistema de privilegios para los internos que observan buena conducta; con ello, mantener las limitaciones a la concesión de beneficios a los sentenciados por los delitos de secuestro, homicidio doloso con modificativas que lo califiquen o lo agraven, violación y robo que ocasione la muerte, debiendo llevar a cabo su tratamiento de reinserción social por todo el tiempo de duración de la pena temporal.
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