Un nuevo movimiento estudiantil se gesta en la capital del país, el de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), surge a raíz de la aprobación de un nuevo Reglamento Interno de la institución –que sustituirá al reglamento vigente desde 1988– por parte del Consejo General Consultivo de esta institución.
De ahí, que los politécnicos han salido a tomar las calles a protestar por la medida, de ahí que la directora del Politécnico, Yoloxóchitl Bustamante, anunciara que se pospondría la entrada en vigor de este nuevo reglamento, pero los estudiantes no quieren eso, quieren su erogación y a partir construir las adecuaciones a las leyes de la institución, en donde todos los politécnicos sean considerados.
Los estudiantes, egresados, docentes y personal no docente de esta casa de estudios están inconformes por que se eliminó la parte donde se establecía que las investigaciones científicas y tecnológicas del Politécnico deben contribuir “a mejorar la calidad de vida de la población, y a la conservación y uso sustentable de los recursos naturales de la Nación”.
La nueva redacción establece que las investigaciones deben contribuir “a la solución de problemas en áreas estratégicas, prioritarias, y otras de interés general”, además de que se marca como obligación del personal docente el “coadyuvar en el fortalecimiento de la innovación y la competitividad empresarial”. Las acciones de vinculación, asimismo, ahora estarán orientadas a “fomentar la cultura emprendedora, la incubación de empresas, el incremento de la productividad y la competitividad”.
En el reglamento del 88 se establecía que el servicio social era una forma de “retribuir a la sociedad los beneficios de los servicios educativos recibidos”, así como un medio para “desarrollar en los alumnos y egresados un elevado sentimiento de solidaridad social”, ahora será en sólo “en beneficio del Estado y de la sociedad”.
Además se modifica el objetivo del IPN de contribuir a “alcanzar el progreso social de la Nación”, la nueva meta será fortalecerlo, dando por hecho que ya hay progreso social.
Entre las inconformidades más grandes se debe a que los directivos de la institución serán los únicos que podrán modificar y aprobar los planes de estudio, sin considerar al sector escolar y académico, según el nuevo reglamento. Además de que se eliminan la lista de características que debían cumplir los planes de estudios, como la descripción ordenada de los objetivos y contenidos de la asignatura, los métodos y medios didácticos requeridos, el tiempo de dedicación de cada unidad, así como su relación con otras disciplinas, bibliografía, prácticas y visitas escolares, técnicas y profesionales y los procedimientos de evaluación.
Los estudiantes están en contra de que sean expulsados por retrasarse en sus estudios. El nuevo reglamento –que ya también lo marcaba el vigente- establece que se dará de baja el alumno que adeude más de dos materias durante más de dos periodos escolares anteriores al que curse.
Con la nueva norma los estudiantes perderían el derecho a cambiar de carrera; además pierden el derecho de “recibir el número de clases previstas para cada asignatura, señaladas en los planes y programas de estudios”, entre otras cosas.
El nuevo reglamento establece que los docentes deberán someterse a evaluaciones permanentes.
También concentra una serie de prohibiciones, pero entre las controversias más grandes se encuentran las llamadas salidas laterales, que se trata de un certificado de competencias técnicas y/o laborales o un título de profesional asociado” para aquellos estudiantes que no quieran concluir sus estudios, cuando lo importante es motivar a los estudiantes a concluir sus estudios, titularse e, incluso, seguir su formación.
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