“¡Dos de octubre no se olvida!”, es la frase con la cada año se recuerda la matanza en Tlatelolco que sucedió hace 46 años, cuando el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
A 46 años de distancia, de permanecer en la memoria colectiva, la ciudadanía creería que hechos así no volverían a suceder, pero lamentablemente la historia de nuestro país está manchada de sangre, acallando con balas –del narco, de paramilitares o del Ejército- a las voces que pretenden evidenciar injusticias.
El 28 de junio de 1995 policías guerrerenses dispararon en contra de un grupo de miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, en el poblado de Aguas Blancas.
El 22 de diciembre de 1997 un grupo de paramilitares ingreso al poblado de Acteal, en el estado de Chiapas, para atacar a indígenas tzotziles de la organización “Las Abejas”. Murieron 45 personas, incluyendo niños y mujeres embarazadas.
En la localidad de San Juan Copala, el 27 de abril de 2010, un grupo de paramilitares atacó a una Caravana de Paz integrada por organizaciones internacionales, maestros, periodistas y ciudadanos. También hubo muertos.
La lista es grande y se acumula, entre los hechos más recientes está el lamentable caso de Tlatlaya, que cada vez arroja nuevos indicios, como la presencia de un coronel, a una hora de las ejecuciones, hechos admitidos por la PGR.
También ha trascendido que las personas muertas pertenecían a un grupo guerrillero con presencia en el Estado de México, Guerrero y Michoacán, lo cual, al parecer, era de conocimiento de los elementos del Ejército.
Aunado a todos los elementos presentados a lo largo de dos semanas, pareciera que no había razón para decir que había sido un enfrentamiento, como se planteó en un comunicado de la Sedena, que fue respaldado por múltiples autoridades, entre ellas, el gobernador Eruviel Ávila, quien también indicó que ya no dará más declaraciones al respecto, la responsable de eso es la PGR.
Pero no es el único caso que se ha presentado en estos días, una vez más, la policía guerrerense del municipio de Iguala atacó a un grupo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, de los cuales 43 están desaparecidos.
Los jóvenes, no mayores de 25 años y de origen humilde, fueron baleados por 22 policías municipales, quienes se llevaron en sus patrullas a los que pudieron, pero no han querido declarar con exactitud hacia donde los llevaron.
Mientras que el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien ofrezca información sobre el paradero de los jóvenes.
El saldo del ataque fue de seis muertos y 28 lesionados.
Es verdad, 2 de octubre no se olvida, pero lo más importante es que no se repitan cada una de estas tragedias, que haya justicia, que se frenen los excesos de las fuerzas públicas, que los gobiernos den la cara y asuman las responsabilidades.
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