A casi un mes de la desaparición de los 45 normalistas de Ayotzinapan, Guerrero, hasta el cierre de esta edición, aún no había resultado de las investigaciones, no había datos de su paradero.
Pero lo que si hay es un país donde la seguridad no está garantizada, donde cualquiera puede ser abusado, torturado y asesinado; donde los cuerpos pueden ser tirados, lo mismo en un canal que en una fosa, sin que muchos sepan, hasta quedar en el olvido.
Ayotzinapa ha venido a destapar ante el mundo y ante los propios mexicanos un país manchado por la sangre; a lo largo de esta búsqueda se han hallado más de 10 fosas, que si se hace un recuento de otras que se han encontrado en este mismo estado, en Oaxaca, en Veracruz, Tamaulipas y otros estados, se puede asegurar que México se ha vuelto un cementerio.
Da la impresión que si rascamos en cada pedazo de tierra de este país encontraremos a cientos de personas enterradas, muchas previamente torturadas. Pareciera que hemos retrocedido a los años de la llamada Guerra Sucia, que varios países Latinoamericanos padecieron, donde los cuerpos eran arrojados al mar, aventados a los tiraderos de basura más alejados, desaparecidos sin que nadie volviera a saber nunca más de ellos.
Ahora, en Guerrero, lo importante es encontrar a los estudiantes rurales (quienes ambicionan ser maestros, enseñar en sus comunidades y salir de la pobreza), sin embargo ahora las autoridades también tienen la responsabilidad de informar a la sociedad sobre la identidad de los cuerpos hallados en las fosas, investigar sobre el móvil del crimen y hacer justicia.
Pero además trabajar en garantizar la seguridad de cada ciudadano, garantizar la libertad de expresión, de informar; pues también la semana pasada una colaboradora de “Valor por Tamaulipas” fue asesinada. Este portal funciona como un servicio para hacer denuncias anónimas. Muestra actividades sospechosas y ataques, y lanzan alertas tempranas cuando se dan los primeros signos del crimen organizado o de enfrentamientos.
El Estado mexicano debe de responder y también debe de aclarar muchas otras cosas, como por ejemplo, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) gasten más recursos públicos en el consumo de alcohol y comida (de primera), que en la capacitación y asesoría de sus elementos, como así lo dio a conocer una publicación financiera de relevancia internacional.
Mientras que 90 millones de mexicanos viven en la pobreza, el CIDE ocupa 810 mil pesos para la compra de mil piezas de vino, 47 mil 416 pesos para la compra de 192 ‘vinos de mesa de 750 ml’ y 15 mil 765 pesos para 20 servicios de caguamas, revela la publicación.
Mientras que para servicios de asesoría para la operación de 20 programas, sólo gastó 285 mil 731 pesos.
En el CISEN les gusta comer decorosamente, por lo que en la compra de filetes, camarón, medallones de atún y mejillón gastaron 2 millones 449,605 pesos; en contraste, para capacitaciones destinaron un millón 737 mil 450 millones de pesos.
Estos son sólo algunos datos que expone la publicación, lo que basta para reiterar la petición de cuentas a la Federación, pues de qué sirven que crezcan los presupuestos para seguridad, si se gastan en agasajar a los funcionarios, dónde queda la intensificación de los programas de seguridad, es verdad que se cuenta con personal mejor capacitado y más confiable. Las cifras y el panorama del país revelan lo contrario.
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