Destituir a un funcionario público será suficiente para hacer justicia, cuando este ha actuado contrario a ley y afectado a la sociedad; qué hay de qué asuma sus responsabilidades y sea castigado como el resto de la ciudadanía.
Tras decisiones así muchos gobiernos se salen por la tangente y dan carpetazo a asuntos que pueden llevar a mayores cosas. Muchos funcionarios son presumiblemente culpables de enriquecimiento a costa de la hacienda pública, de participar con la delincuencia, de ejercer violencia extrema contra terceros, entre otras cosas, sin embargo como no son hechos comprobados, no son perseguidos, no son encarcelados.
Muchas veces hemos escuchado decir a las autoridades que están investigando al respecto, pero por lo regular se acogen al paso del tiempo y al olvido de la población para frenar los procesos, así los malos funcionarios viven en libertad, sin rendir cuentas a la ciudadanía.
Esta situación es posible porque son políticos, con influencias, porque sus partidos logran negociar la impunidad, pero cualquier otro ciudadano, aunque no se le compruebe su culpabilidad, puede ser encarcelado, pasar años de duros procesos y si resulta inocente, no hay nadie quien repare el daño moral y económico que le causan.
Estando así las cosas, México dista mucho de ser un país en donde se aplique la justicia, dista mucho de ser un país justo e igualitario.
Y en sentido retomamos el tema de Tlatlaya, el cual las autoridades pudieron hacer a un lado por los hechos registrados en Ayotzinapa, Guerrero; sin embargo la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la semana pasada su recomendación, en la que se ratifica que miembros del Ejército ejecutaron 22 personas.
El ombudsman Raúl Plascencia detalló que “22 personas, entre ellas dos adolescentes de 17 años y uno de 15 años, fueron privados de la vida. Siendo el caso que cuatro de ellos, presumiblemente fueron heridos a causa de enfrentamiento librado con el Ejército, tres más heridos presumiblemente en medio de intercambio de disparos, 12 personas fueron presumiblemente privadas de la vida arbitrariamente por personal militar, sin estar heridos, incluyendo dos adolescente y respecto a tres víctimas no se pudo determinar la condición y circunstancia bajo la cual fueron privadas de la vida, en virtud de que los cuerpos fueron manipulados, movidos y las evidencias alteradas”.
Por eso volvemos a preguntar si es suficiente que se juzgue a los militares dentro de las leyes del Ejército, los altos mandos involucrados quiénes son, los funcionarios que participaron en el encubrimiento de los hechos y manejaron la falsa versión que fue un enfrentamiento con el crimen organizado.
En su informe la comisión finca responsabilidades contra el gobierno del Estado de México y la Procuraduría General de Justicia estatal; en el caso de esta última destaca que tres mujeres fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial del fuero común y llevadas a las instalaciones de la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca, donde fueron torturadas para que declaran su relación con las personas asesinadas, pero también para que omitieran la forma en que habían sido ejecutadas. Fueron golpeadas, cubrieron sus rostros con bolsas de plástico y sumergieron sus cabezas en un inodoro. Así la justicia en México, así el abuso de poder.
El gobernador Eruviel Ávila indicó que ocupará los 15 días que marca la ley para responder a las recomendaciones de la CNDH, esperando que se castigue a los responsables y se sume a la lucha para que estas acciones por parte de las Fuerzas Armadas no se repitan más en este herido país.
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