Indudablemente no podemos abandonar el tema de Ayotzinapa, pues es un hecho que ha cimbrado a la sociedad mexicana, que ha salido a las calles para reclamar justicia, para manifestar el descontento que hay hacia los diferentes niveles de gobierno, algunos sectores de este infiltrados por las mafias, quienes actúan impunemente, quienes cavan fosas por todos lados para votar a sus víctimas, quienes dan las órdenes mientras algunas autoridades obedecen.
Este hecho ha arrojado tres nuevos hechos importantes –esto hasta el cierre de esta edición.
Por un lado, la fuerte presión social originó la renuncia (disfrazada de licencia) de Ángel Aguirre al gobierno del estado de Guerrero.
Carlos Navarrete Prida, líder nacional del PRD, explicó que se solicitó al gobernador que solicitará licencia ante el Congreso guerrerense para facilitar las investigaciones.
Al hacer el anuncio, Ángel Aguirre sostuvo que estará pendiente de las investigaciones y si se encuentra que cometió alguna falta, se hará responsable como lo marque la ley.
Esta medida no es algo que se le tenga que aplaudir al partido ni a nadie, pues luego de sucedidos el gobierno de Guerrero actuó con negligencia al no actuar de manera inmediata, dando oportunidad que el presidente municipal de Iguala huyera, pero lo más lamentable dando oportunidad a los delincuentes a desaparecer a los 43 jóvenes normalistas, sin que hasta el cierre de esta edición hayan sido encontrados.
De la misma forma actuó el gobierno federal, quien de primer momento declaró que era un asunto de las autoridades estatales y no se hizo cargo de manera inmediata del asunto.
La semana pasada, el sacerdote Alejandro Solalinde reveló que testigos de los hechos, quienes por temor no han declarado ante las autoridades, le informaron que los estudiantes se encuentran muertos y sus cuerpos quedaron calcinados.
También declaró que las autoridades están dando largas para corroborar dicha información, con el propósito de minimizar el impacto político. Si esto es cierto, se estaría repitiendo la situación que se dio en Tlatlaya, Estado de México, donde intentó disfrazar la ejecución de 22 personas a manos de la milicia.
Pese a todo esto, la sociedad, los padres de las víctimas, guardan la esperanza de que los normalistas regresen y mantengan el sueño de ser los próximos maestros de la región.
En otro hecho, hasta el cierre de esta edición, fueron encontradas otras ocho fosas en Iguala, en la zona de La Parota, en esta ocasión la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) hizo el hallazgo.
El líder de la organización Bruno Plácido Valerio informó que los cuerpos fueron recientemente enterrados y con ellos mochilas, zapatos, lapiceros, los cuales pudieron pertenecer a las víctimas. Los cuerpos encontrados, según la organización social, fueron quemados con ácido, el olor lo delata, por lo que no se pueden identificar a simple vista ni tampoco saber cuánto son, eso ya es papel de las autoridades, que por cierto aún no dejan las malas prácticas, pues como punto extra, habitantes de Carrizalillo, Guerrero, presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos Estatal por la detención de ocho personas y la tortura de al menos 70 pobladores más por parte de la Policía Federal, en su intento de encontrar miembros de la organización criminal Guerreros Unidos.
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