Editorial.- Corrupción

En estos días, la palabra que está en boca de todos es “corrupción”, esto luego del que el presidente Enrique Peña Nieto nombrara a Virgilio Andrade como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública.

Pero además, le solicitó que lo investigue a él, a su esposa Angélica Rivera y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por la compra de casas a la misma empresa y a una tasa de interés preferencial, lo que se conoce como conflicto de intereses y que en países como Estados Unidos es sancionado con cárcel.

Y en esta dinámica de transparencia y rendición de cuentas, estableció ocho medidas:

1)    A partir de mayo, cuando los servidores públicos entregan su declaración patrimonial, será obligatorio que presenten una declaración de posibles conflictos de interés.

2)    En la SFP se creará una unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés; además será responsable de determinar cuando estos ocurran y, en esos casos, aplicar las medidas correspondientes.

3)    Reglas para ampliar los códigos de ética actuales.

4)    Protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de otorgar licitaciones, contratos, etcétera.

5)    Todas las dependencias y entidades de la administración pública tendrán hasta abril para identificar a funcionarios que puedan tener conflictos de interés.

6)    Se acelerará la ventanilla única digital para trámites más solicitados para reducir espacios potenciales de corrupción.

7)    Lista pública de proveedores sancionados será más completa.

8)    Se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector privado, en materia de transparencia y combate a la corrupción.

Sin embargo, la Función Pública no es un órgano autónomo y su titular es nombrado por el presidente, lo que deja con la espina de que Virgilio Andrade pudiera  responder a los intereses de la presidencia y no haya mucha transparencia.

Pero además el concepto de corrupción es muy amplio y más si de México se trata, pues es la raíz de los males de este país o al menos de la mayoría. Tlatlaya y Ayotzinapan son hechos resultado de la corrupción; en el caso del primero, el Ejército abusó de su poder y en un acto de corrupción, en el que participaron otras autoridades, se trató de esconder la verdad de los hechos; en el caso del segundo, el crimen organizado corrompió a las autoridades municipales y su policía y asesinan estudiantes.

También está el caso del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa. La culpa está recayendo sobre el conductor de la pipa, pues el realizó la maniobra de abasto de gas, pero según las autoridades no tenía la capacitación para frenar una contingencia como la que se presentó y derivó en la explosión, pero ¿eso de quién es culpa? Se supone que empresas de este tipo deben capacitar a su personal al ser contratados y continuar con estas capacitaciones; además de mantener sus equipos en buen estado. Mientras que las autoridades deben estar pendientes de que esto se realice y las empresas funcionen como se exige. Entonces este lamentable accidente deja ver que ni la empresa gasera ni las autoridades del GDF estaban haciendo su chamba, y esto también es corrupción, así que nadie se quiera lavar las manos.