En esta semana, diversos municipios del Estado de México se han sumado al ajuste presupuestario aplicado, primero, por la Federación y, posteriormente, por el gobierno estatal.
Las diferentes administraciones han dejado muy en claro que en nada se afectarán las obras programadas (salvo las canceladas de manera temporal por el gobierno federal) ni programas sociales, en general, aseguran que no afectará a la población.
Sin embargo, mientras Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacia el anuncio, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) perdonó mil 123 millones de pesos a través del programa Ponte al Corriente, a cinco contribuyentes, esto de manera irregular, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Tras la revisión de la Cuenta Pública 2013, el organismo encontró que funcionarios del SAT condonaron impuestos improcedentes. La empresa Sabritas fue beneficiada con 929 millones 492 mil 858 pesos; Gamesa, con 150 millones 453 mil 901 pesos y Scotiabank Inverlat, con 28 millones 825 mil 996 pesos.
Además hay dos registros federales de contribuyentes (RFC) ligados a la empresa ProLogis-Mexico City Investment LLC, a uno se le condonaron 9 millones 342 mil 849 pesos y al otro 5 millones 498 mil 397 pesos.
La ASF asegura que las condonaciones son improcedentes, pues se hicieron al amparo de una aplicación incorrecta de la Ley de Ingresos de la Federación 2013. Se basaron en criterios emitidos por funcionarios de la Administración General de Recaudación del SAT que no tenían facultades para tal efecto.
Sin embargo, el SAT afirma que “Ponte al Corriente (programa al que se suscribieron las empresas) fue un programa general y abierto a todos los contribuyentes, prevaleciendo el principio de igualdad en la aplicación de la ley”.
Entre si son peras o manzanas, siempre se repite la misma historia, a las grandes empresas siempre se les condonan grandes cantidades de impuestos, que bien podrían servir para evitar ajustes, para evitar seguir sangrando a Pemex, para evitar seguir perjudicando los bolsillos de los pequeños y medianos empresarios y la población en general, que si bien no se verá afectado en obras, si tienen que hacer recortes en sus gastos para llegar a la quincena y hacer rendir los minisalarios, que según la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, alcanzan muy bien para vivir.
Y por si fuera poco, la Auditoría Superior de la Federación también detectó mil 300 casos de posible corrupción que podrían haber generado un quebranto de 50.000 millones de pesos en las cuentas públicas en 2013, el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto.
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