A pesar de las presiones de los partidos de oposiciones, quienes piden la renuncia del secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena, por aprovecharse de su cargo y andar pidiendo favores a la empresa OHL, así como por su presunta participación en un fraude contra la entidad por elevar los costos de la obra del Viaducto Bicentenario, el gobernador Eruviel Ávila Villegas que por el momento no será relevado de su cargo.
El mandatario mexiquense esperará a los resultandos que arrojen las investigaciones de la Contraloría estatal y si se encuentra culpable a algún funcionario, se le sancionará como corresponde, dijo.
Cabe recordar que Apolinar Mena se desdijo de todas estas acusaciones y también aseguró que OHL no pagó sus vacaciones, aunque si le ofrecieron cubrir sus gastos, lo cual rechazó.
El funcionario estatal mostró un estado de cuenta para confirmar que el hizo un depósito de 124, 038 pesos al hotel de la Riviera Maya Fairmont Mayakoba, cantidad que también resulta una grosería, pues cuánto ganará para darse unas vacaciones tan costosas en tiempos donde hay que ajustarse el cinturón, según los propios políticos, en tiempos en que el gobierno estatal insiste en el tema de austeridad. No cabe duda que la clase política goza de grandes privilegios.
Mientras que Octavio Martínez, candidato del PRD a la alcaldía de Ecatepec, también pidió sea investigado Indalecio Ríos, pues cuando se firmaron los contratos con OHL se desempeñaba como secretario técnico del gabinete, por lo que debió conocer términos y condiciones del contrato del Viaducto Bicentenario y las razones para promover la ampliación de las concesiones a las autopistas que la empresa opera.
Y abordando otro tema difícil para el gobierno del Estado de México, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal (CEAV) indemnizará con más de 50 millones de pesos a las familias de las 22 personas presuntamente ejecutadas extrajudicialmente por elementos del Ejército mexicano el pasado 30 de junio del 2014.
En un comunicado, la dependencia indica que esta determinación está avalada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la recomendación 51/2014, donde se informa de las violaciones realizadas por los elementos castrenses.
“De acuerdo a la Ley General de Víctimas, las personas en situación de víctimas tienen el derecho a ser reparadas integralmente por el daño que han sufrido como consecuencia de un delito o violación a los derechos humanos, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición”, señala el comunicado.
El monto se repartirá entre las personas afectadas por estos hechos, debido que se presentaron violaciones graves en las que al menos 12 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente.
Hasta el momento se tienen identificados a 28 familiares de los muertos en Tlatlaya, pero la comisión se ha reservado sus nombres, así como de los tres sobrevivientes a fin de que resguardar su seguridad.
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