A un año del caso Tlatlaya parecía que por fin un poco de justicia llegaba, parecía que las presiones sociales y de los organismo de derechos humanos surtían efecto, sin embargo todo fue momentáneo, pues los cuatro policías acusados y aprehendidos por tortura y maltrato fueron puestos en libertad, luego de que cada uno pagara una fianza de 70 mil pesos.
Y es que en el Estado de México, donde el gobernador Eruviel Ávila ha endurecido las leyes, la tortura no es considerado un delito grave, por ello la defensa de los uniformados, quienes violentaron los derechos de tres mujeres sobrevivientes de los hechos en Tlatlaya, solicitó la caución como medida cautelar.
De esta manera, los elementos salieron del Penal de Santiaguito en el municipio de Almoloya de Juárez, para enfrentar su proceso en libertad.
Cabe recordar que el 30 de junio de 2014 elementos del Ejército dispararon contra un grupo de personas, asesinando a 22 civiles, esto al interior de una bodega en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya; sin embargo, esta institución, como autoridades del Estado de México, ocultaron los hechos e indicaron que había sido un enfrentamiento entre los militares y gente del narco. Más tarde, los verdaderos hechos salieron a luz, pues era cosa rara que ningún militar resultara muerto y sí 22 del bando opuesto, y como no, últimas revelaciones indican que los soldados dispararon 160 veces, mientras que la gente de Tlatlaya sólo 22; además la escena del crimen se notaba muy rara e indagando se descubrió que había sido alterada.
En el caso de las tres sobrevivientes, elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) las detuvieron y las torturaron para obligarlas a declarar lo que a las fuerzas armadas les convenía, por ello, un año después, esta misma dependencia ejercitó acción penal en contra de siete agentes ministeriales por su probable responsabilidad en los delitos de tortura, abuso de autoridad y falso testimonio, derivado de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la denuncia respectiva relacionada con el caso Tlatlaya, ocurrido el 30 de junio del año pasado y en el que perdieron la vida 22 personas.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, José Manzur Quiroga, aseguró que pronto daría a conocer las sanciones que se aplicarán a los servidores públicos que actuaron de forma irregular en la integración de la primera carpeta de investigación que se inició por la muerte de 22 personas en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya.
“Sin ninguna duda, si hay funcionarios de la procuraduría que hayan actuado con irresponsabilidad serán castigados muy pronto”, subrayó.
Manzur Quiroga descartó falta de voluntad para cumplimentar al cien por ciento las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Y bueno habrá que ver, pues cabe recordar que hasta el gobernador Eruviel Ávila declaró aquella ocasión que el Ejército mexicano estaba haciendo su trabajo y le había dado un golpe al crimen organizado.
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