Es claro que el gobernador Eruviel Ávila Villegas quiere ser el próximo candidato del PRI a la presidencia de la República y por ello ya asume algunos riesgos que le implican amonestaciones no gravosas, muy a pesar de la oposición, quienes exigen sanciones más severas.
La semana pasada el Instituto Nacional Electoral (INE) lo sancionó por la difusión indebida de su Tercer Informe de Gobierno, en consecuencia el Congreso local lo amonestó por no respetar las medidas cautelares de retirar gacetillas e inserciones en medios de comunicación nacionales; además de sancionar “ejemplarmente” al director de Comunicación Social, Raúl Vargas, por no acatar lo mandatado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Sobre la sanción del INE, el mandatario mexiquense ya se pronunció y aseguró que acatará dicha sanción, por lo que a solicitado a la Secretaría de la Contraloría llevar a cabo todas las pesquisas, la integración del expediente y el informe a la opinión pública para que, en su momento, se den a conocer los resultados del mandato y con ello la solicitud que ha hecho el Congreso del Estado de México se materialice.
De forma paralela hizo pública la instrucción para que “todo su equipo de gobierno” tome las precauciones, previsiones, y medidas preventivas, a efecto que las inconsistencias que derivaron en la sanción no se repitan en este 2015.
Pero también dejó en claro que “en este cuarto informe de gobierno vamos a informar, porque es mi deber tener a la gente debidamente informada de lo que hacemos en los avances que tenemos, en lo que falta por hacer lo vamos a realizar con toda responsabilidad, apegado a la norma electoral, así como a los lineamientos del INE y a lo que las autoridades correspondientes lleven a cabo”.
Cabe recordar que en junio pasado el INE también señaló a Eruviel Ávila, así como a los gobernadores priistas de Chiapas, Manuel Velasco; y de Veracruz, Javier Duarte, por violar la ley al haber incurrido en promover de manera indebida su imagen durante el proceso electoral.
Por esta razón se resolvió dar vista a los respectivos congresos locales que determinen la sanción a la que se hacen acreedores por haber incurrido en dicha infracción e informe en un plazo no mayor a 15 días a la autoridad electoral.
En comisiones, el Congreso del Estado de México decidió que la sanción al Ejecutivo mexiquense quedara en una simple amonestación, lo que causó la inconformidad de Ana Yurixi Leyva Piñón y Octavio Martínez Vargas, diputados perredistas que votaron en contra del acuerdo, pues desde su punto de vista, la violación del gobernador debería ser del orden de una inhabilitación o destitución, pues violó el artículo 134 Constitucional.
Martínez Vargas señaló que “estamos hablando de una violación grave, de comprar con recursos públicos espacios en medios de comunicación, de mentir porque el gobernador negó las gacetillas, y finalmente se comprobó que si fueron pagadas, eso amerita una sanción ejemplar, pero en el Estado de México los legisladores están subordinados al ejecutivo, y no pasa más allá de una amonestación”
Por su parte, Adriana Hinojosa, diputada del PAN, propuso que a los resolutivos de la amonestación se le agregara un segundo párrafo donde se solicitaba un procedimiento sancionador al responsable del área de Comunicación, Raúl Vargas por no acatar las medidas cautelares que dictó el INE, contratando estos espacios publicitarios, lo cual fue avalado.
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