Como es sabido, las cárceles en México tienen un problema de sobresaturación, y el Estado de México no es la excepción. Las prisiones están llenas de todo tipo de delincuentes, pero también hay gente inocente, que se encontraba en el lugar equivocado y la involucraron en algún, pero también hay gente a la que le sembraron pruebas que las involucraban con algún crimen.
Se han conocido mucho casos en que los mismos policías, las mismas autoridades judiciales realizan estas siembras, con tal de incriminar a alguien para resolver un crimen que les causa molestia.
También hay consumidores de drogas, que aunque no hayan cometido un delito, están ahí porque en el país está prohibido su consumo.
Estos últimos casos son graves, pues el hacinamiento provoca hostigamiento y conductas violentas; además de que también es del dominio público, que las cárceles son escuelas para delinquir, algunas son centros desde donde pueden seguir operando los verdaderos delincuentes; no están cumpliendo su objetivo, rehabilitar socialmente a las personas que ahí se encuentran.
El gobierno del Estado de México está dando los primeros pasos para modificar esto, a través de la libertad condicional de los primo-delincuentes de delitos menores, a quienes se les colocará un brazalete electrónico para saber su ubicación exacta en todo momento y que no viole las disposiciones impuestas por un juez. Los presos con este beneficio tendrán el compromiso de rehabilitarse en libertad, con su familia y trabajando.
Además de esto, el gobernador Eruviel Ávila Villegas ha enviado al Congreso mexiquense una iniciativa para reformar el Código Penal, a fin de abatir el hacinamiento carcelario y regular el uso del sistema de localización y rastreo como beneficio preliberacional.
En el documento se indica que a fin de garantizar el beneficio de la libertad condicional al sistema de localización y rastreo, pues se otorgará cuando el delincuente sea primario, que el monto de lo robado no exceda de 90 veces al salario mínimo, que la pena privativa de libertad no sea menor de tres años ni mayor de 15.
También cuando solicite dos años antes de cumplir tres quintas partes de la pena en prisión –tratándose de delitos dolosos- o dos años antes de cumplir dos cuartas partes de la pena impuesta en delitos culposos.
Además deberán de pagar el daño o la multa impuesta y demostrar que cuenta en el exterior con un ofrecimiento de trabajo o profesión que le permita ingresos, así como tener el respaldo de su familia.
La suspensión de pena de prisión –aun y cuando sean primo-delincuentes- no se otorgará cuando los delitos sean extorsión o robo con violencia, secuestro, homicidio doloso, violación y robo con causa de muerte.
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