La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1975, en la Declaración contra la Tortura, establece en su artículo 1 la siguiente definición:
“Para los Fines de esta Declaración, tortura significa todo acto por el cual se inflige intencionadamente un intenso dolor o sufrimiento, físico o mental, por, o a instigación de un funcionario público, a una persona para fines tales como obtener de ella o de una tercera persona una información o confesión, castigarla por un acto que ha cometido o intimidarla, a ella o a otras personas.”
De donde se desprende la existencia de tortura física y psicológica, la primera se da con golpes, cortes, descargas eléctricas, quemaduras, ahogamiento, privación del sueño, entre los actos más conocidos que salen a la luz pública; la tortura psicológica en tanto se da en la humillación verbal, información de daños sufridos por familiares, la que es carente de veracidad para lograr la desorientación mental de la persona, en las pretensiones de desequilibrarla en su totalidad, como partes de una serie de acciones que no contempla la ley, el factor común en ambas es la aplicación de la tortura por parte de servidores públicos.
En el ámbito judicial, una muestra clara de tortura física, fue exhibida en los medios de comunicación oficial la semana pasada, en donde la detenida manifiesta sufrimiento, impotencia, dolor, ahogamiento con una bolsa de plástico para obligarla a una confesión obtenida por métodos no permitidos, que la tienen recluida en una cárcel de Nayarit.
La violencia de estado contra maestros de Chiapas, en uso excesivo de la fuerza policiaca, no puede pasar desapercibida por la sociedad, la forma en que los uniformados conducen a los detenidos, no muestran ningún respeto a los derechos humanos de los profesores, a quienes seguramente inventarán una serie de delitos prefabricados, para espantar a todos los maestros de México, con el probable uso de métodos de tortura, como las transmitidas en horas de alta audiencia en la televisión oficial el jueves de la semana pasada.
Para no romper este contexto de agravios, una tortura generalizada a los profesores es la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, el Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer se centra en referir la aspiración de la SEP para obtener “la rectoría del estado en la educación pública”, para justificar la barbarie instrumentada en diferentes partes del país, para intimidar a los maestros en la aplicación de la prueba para la permanencia y supuestamente erradicar la venta y herencias de plazas, el control de las mismas por cúpulas sindicales oficiales y administradores educativos en turno para asignarlas a sus allegados, lo que no ha cambiado y sigue siendo una práctica por ejemplo en el Estado de México ─en media superior, acaban de aceptar que se contraten a las personas propuestas por supervisores y directores escolares─, debido a las deficiencias del examen para el ingreso.
A partir de ahora la nueva tortura, es para la educación básica que brinda la escuela pública, cualquier persona con licenciatura, que apruebe el examen, puede ser maestro, dice la Ley General del Servicio Profesional Docente y el titular de la Secretaría de Educación Pública, un panorama nada alentador, que parece encaminado a destruir este nivel educativo desde la rectoría del estado, castigando ahora a los padres de familia, quienes no tendrán la seguridad de que quien estén al frente de sus hijos, tenga la formación pedagógica, indispensable para la profesión de ser maestro.
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