La reforma en materia de disciplina financiera, buscará fomentar la transparencia de los endeudamientos del estado y municipios, combatir la corrupción, evitar que las autoridades estatales y locales no tengan negocios turbios y se termine la opacidad, a fin de que todos los funcionarios y servidores públicos rindan cuentas conforme a la ley, afirmó lo anterior el presidente de la Diputación Permanente en el Congreso Local, Tassio Ramírez.
Esta medida de disciplina financiera, habrá de obligar a los gobiernos municipales y del estado, para transparentar, las reglas de licitaciones, si los que licitan cubren los requisitos, y cumplir a detalle lo que marca la Ley, para hacer administraciones más eficientes, y rendir cuentas a los gobernados en futuras administraciones municipales y estatales.
Se prevé medidas a adoptar para ser más eficientes en los gastos, las competencias de autoridades, la garantía de que los financiamientos se adquieran en mejores condiciones; se elimina la previsión de que aquellos que se contraten a corto plazo no serán deuda y se precisa que los diputados aprobarán los financiamientos.
La iniciativa plantea que las autoridades no puedan contraer, directa o indirectamente financiamientos y obligaciones con gobiernos extranjeros, y sólo podrán contratar créditos cuando se destinen a inversiones públicas, productivas y a financiamientos o reestructuras.
A propuesta del ejecutivo mexiquense, en materia de disciplina financiera, se busca controlar y transparentar los endeudamientos de los municipios y del estado, para asegurar un manejo sostenible y responsable de las finanzas públicas y la rendición de cuentas para dar a conocer cómo gastan los recursos las autoridades.
Estos cambios legales son una obligación para todas las autoridades, derivadas de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades y municipios publicada en el mes de abril de este año que ordena transparentar los débitos, señala requisitos para acceder a nuevos créditos, el techo de financiamiento neto de cada ente público, que para un endeudamiento sostenible será de hasta un 15 por ciento de sus ingresos de libre disposición.
La reforma fijar límites al presupuesto asignado para el rubro de servicios personales, a fin de que no pueda aumentarse a discrecionalidad, la obligación de registrar las deudas en un registro, y al menos el 50 por ciento de los ingresos excedentes destinarlos al pago de deuda; en su caso para inversiones públicas productivas o para crear una bolsa que permita compensar la caída de ingresos. La reforma garantizará acorto plazo mejores administraciones financieras públicas.
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