Mosaico Mexiquense

Nuevamente los padres de familia se ven contra la espada y pared ante las imposiciones de cuotas de inscripción, por parte de autoridades educativas de planteles de nivel básico, oficiales como preprimaria, primaria y secundaria, en el Estado de México, con sus excepciones en casos muy raros, ya que no respetan las disposiciones de la Secretaria de Educación Pública Estatal, al imponer cuotas por cada alumno, violando con ello un ordenamiento constitucional del Artículo Tercero, de educación gratuita para todos los mexicanos.

Por otra parte, padres de familia han acudido a diversos medios de comunicación a denunciar que el personal escolar les exige la cuota de inscripción por cada alumno y sin importar el nivel económico de los padres de familia, a quienes se les ha canalizado a las oficinas de la Secretaría de Educación para que presenten la queja formal.

Algunos casos denunciados por padres de familia no varían mucho entre el nivel preprimaria, primaria y secundaria, ya que las cuotas “voluntarias” de inscripción van desde los 800, 1000 y 1,500 pesos, según la zona donde se ubican las escuelas, ya sean urbano-rural, urbana o residencial, para el caso es lo mismo aun cuando esos escuelas son oficiales.

Si se quisiera conocer realmente que plantel cobra esos recursos de inscripción, bastaría que la autoridad investigara las cuentas bancarias de las autoridades educativas o de los presidentes o presidentas de Asociaciones de Padres de Familia, ya que existen directores y directoras de los centros educativos, que condicionan a las asociaciones y sirven de escudo de los abusos de algunas autoridades.

De esta manera, han acudido tanto a los medios de comunicación como a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, dependencia que inició cuatro expedientes de queja por el cobro de cuotas escolares, condicionamiento de entrega de documentos y malos tratos por parte de los servidores públicos, informó la encargada de la Unidad de Orientación y Quejas, Jessica Terán Aguilar.

Explicó que la defensoría estatal de habitantes se mantiene atenta para que no se limite el derecho a la educación, expresado en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y tercero de la Constitución mexicana federal, que refiere que debe ser laica, gratuita y obligatoria.

Señaló que el reconocimiento a los derechos humanos en la Carta Magna también establece que el acceso a la educación con estricto apego a los derechos humanos, por ello, se iniciaron dos quejas en Huehuetoca, una en Toluca y otra en Ecatepec, así como Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Tlalnepantla, y otras localidades, por condicionar las inscripciones en escuelas preprimarias, primarias y secundarias.

Algunos padres de familia han manifestado su inconformidad, ya que se viola el acceso a la educación gratuita sino que se vulnera el derecho de los niños a la educación.

Record la funcionaria Terán Aguilar, que en este inicio de inscripciones para el nivel básico el área a su cargo impartió, en el mes de agosto, 26 orientaciones y gestiones ante instancias educativas por hechos que no ameritaron el inicio de una queja; asimismo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) canalizó algunos asuntos relacionados con la materia mismos que ya fueron atendidos.

Jessica Terán Aguilar detalló que el mayor porcentaje de orientación se refiere al cobro de cuotas escolares, que a decir de algunos usuarios, son excesivas, y en menor proporción la exigencia del pago de adeudos, como condición para entregarles el certificado escolar u otro documento de los niños y adolescentes.

Expuso que la Secretaría de Educación del gobierno del Estado de México emitió la circular DGEB/AJ/158/2017 que impide condicionamiento al trámite de inscripciones, por lo que llamó a la población afectada a acudir a la Codhem en sus distintas sedes, o bien, solicitar información a través de la línea telefónica 01 800 999 4000 o iniciar quejas vía internet.

Comentó, por otra parte, que este año aumentaron las peticiones de orientación desde antes del periodo de inscripciones, ya que los padres de familia tienen más conocimiento de sus derechos y saben que no están obligados a hacer aportaciones económicas para que sus hijos puedan ingresar a una escuela.