A propósito de la transición que se prepara en el país para que una nueva fuerza política nos gobierne: Movimiento Regeneración Nacional y todo cambie para bien, es necesario que las nuevas autoridades federales, municipales y estatales se atrevan a mirar y analizar en qué condiciones trabajan millones de mexicanos en los tianguis y en el comercio popular (fijo, semifijo, ambulatorio o deambulante).
En ese medio, las personas que laboran para llevar comida, ropa, calzado a los hogares enfrenan muchas dificultades como: fines políticos en tiempos de elecciones, extorción, violencia, inseguridad, tráfico de influencias, abuso de autoridad, menores municipales, quienes amenazan con infraccionar y realizar decomisos si no ceden a sus intereses.
Los hay también dirigentes que en vez de proteger a su base, se dedican a esquilmar para vivir de manera holgada bajo la amenaza de quitar los lugares y regresarlos a la autoridad, cuando la realidad es que venden los espacios a exagerados precios.
Sin embargo, si se trata de mantener en buenas condiciones las áreas ocupadas, la mayor parte de los dirigentes hacen poco caso, de ahí que haya zonas de comercio popular o tianguis con problemas de desechos orgánicos e inorgánicos.
Derivado de lo anterior, es necesario que haya una norma jurídica para el comercio popular y los tianguis, donde se establezcan derechos y obligaciones tanto de comerciantes como de las autoridades evitando vicios que rayen en la corrupción.
Es lamentable que el crimen organizado esté rebasando a las autoridades, pues cobran en algunos lugares “el derecho de piso”, aunque no proporcionan servicios básicos.
Con la transición ya todo debe cambiar con base a las normas jurídicas. Ya es hora que el sector deje der ser un botín político y económico.
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