Mucho ojo señores exalcaldes de los 125 municipios mexiquense, ya que acaso podrán dormir tranquilos los hoy exediles que terminaron su gestión el pasado 31 de diciembre del 2018, ahora que fue aprobada por unanimidad una Reforma Constitucional para que la Legislatura Estatal recobre la facultad de calificar las “cuentas públicas del estado, de los municipios y de los organismos que manejen recursos públicos.
El objetivo de los diputados locales de la LX Legislatura Local, es con el fin de fortalecer el combate a la corrupción y mejorar la eficiencia del gasto público en el Estado de México, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) aprobaron por unanimidad una reforma constitucional para devolver a la Legislatura la facultad de calificar las cuentas públicas del estado, de los municipios y de los organismos que manejen recursos públicos.
Durante la reunión presidida por la legisladora María Mercedes Colín Guadarrama (PRI), en presencia del diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política, los integrantes de las comisiones aprobaron la reforma al artículo 61 de la Constitución Política estatal, tema que forma parte de la agenda del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones de la 60 Legislatura que se realizará el próximo viernes 25 de este mes.
Los alcaldes salientes realizaron compromisos a corto plazo del orden de 12 mil 180 millones 807 mil 400 pesos con proveedores diversos, y la mayor parte de esa deuda nunca se pagó, por lo que la heredaron a quienes asumieron los ayuntamientos a partir del primer día del actual año.
Los municipios que más deben
Los 10 ayuntamientos más endeudados del Estado de México, los cuales concentran más de 62 por ciento de la deuda total municipal en la entidad, cuyo monto hasta el 2017 era de 18 mil 685 millones de pesos, son: Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Coacalco, Toluca, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Nicolás Romero y Zinacantepec.
Estos ayuntamientos adeudan 6 de cada 10 pesos de los pasivos municipales registrados en el Estado de México, los cuales no sólo son con la banca comercial o de desarrollo, o bien con empresas paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad, Comisión del Agua del Estado de México o Comisión Nacional del Agua, pues los gobiernos municipales salientes dejaron compromisos de pago con empresas y personas físicas con actividad empresarial que estaban dadas de alta como proveedores de bienes y servicios.
Cabe recordar que el pasado 1 de enero entraron en funciones en el Estado de México 125 nuevas administraciones municipales, bajo una nueva conformación política en la cual el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dejó de gobernar la mayoría de los ayuntamientos mexiquenses, posición que ahora ocupa el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que gobierna 55 municipios, entre ellos los de mayor presupuesto y más poblados, considerados estratégicos en materia política y administrativa.
Sin embargo, más allá de la filiación política de los nuevos presidentes municipales del Estado de México todos tienen un común denominador: encabezan administraciones técnicamente en quiebra, que difícilmente podrán siquiera sostener asuntos operativos esenciales como el pago de sus nóminas y la prestación de servicios públicos, asunto este último que es su principal responsabilidad ante los ciudadanos que, vía el sufragio, les otorgaron la confianza en la elección del 1 de julio del 2018.
De los 125 municipios del Estado de México, las deudas en 82 de ellos rebasan el 40 por ciento de sus ingresos ordinarios, situación que viola el artículo quinto de la Ley de Ingresos de los Municipios y los coloca en el Sistema de Alerta financiera, por lo que incluso no podrán siquiera recurrir al crédito para salir de su precaria situación.
En el segundo año de las pasadas administraciones municipales los 125 gobiernos municipales del Estado de México incrementaron su deuda pública en al menos 2 mil 905 millones 743 mil pesos, y pasaron de 15 mil 713 millones 882 mil pesos, al inicio del 2016, a 18 mil 619 millones 625 mil 600 pesos al cierre del 2017.
A fin de fortalecer el combate a la corrupción y mejorar la eficiencia del gasto público en el Estado de México, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) aprobaron por unanimidad una reforma constitucional para devolver a la Legislatura la facultad de calificar las cuentas públicas del estado, de los municipios y de los organismos que manejen recursos públicos.
Durante la reunión presidida por la legisladora María Mercedes Colín Guadarrama (PRI), en presencia del diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política, los integrantes de las comisiones aprobaron la reforma al artículo 61 de la Constitución Política estatal, tema que forma parte de la agenda del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones de la 60 Legislatura que se realizará el próximo viernes 25 de este mes.
Lo que faltaba en la LIX Legislatura anterior, no solo no actuaron contra la corrupción sino que además, se exhibió que había asignación de celulares y radio localizadores a servidores públicos que no eran mandos medios, ni superiores, e incluso de más de un servicio de telefonía celular o radio a 24 servidores públicos.
Alcaldes y funcionarios salientes no están libres de responsabilidades: OSFEM
También encontró comprobantes de gasto pagados con recursos del fondo revolvente de caja que no cumplían con requisitos administrativos, pues no contaban con el sello de pagado, no anexaban una explicación del motivo del gasto, no tenían el sello de entrada al almacén, carecían del sello o leyenda “Sin existencia en el almacén”.
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