TOLUCA, Méx.- En presencia del titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México Fernando Valente Baz, el legislador Octavio Martínez Vargas le solicitó mayor información sobre la situación que guarda los contratos de obra pública bajo el esquema de PPP’s (Proyectos Público- Privados), con la finalidad de conocer si están cumpliendo los objetivos para continuar contratándolos.
Lo anterior durante la Comisión de Vigilancia del OSFEM, donde además pidió se le informara sobre la existencia de subejercicio dentro de dicha institución, incluso, los gastos de publicidad del Ejecutivo estatal, y si se cumplió con lo autorizado para el año 2012.
En su oportunidad, Fernando Baz explicó que la deuda estatal al cierre del 2012 fue de alrededor de 28 mil millones de pesos, de los cuales el endeudamiento neto para el año fue de 4 mil 400 millones de pesos. En el mismo rubro, los municipios acumularon una deuda de 22 mil millones de pesos aproximadamente, de los cuales 13 mil corresponderían directamente a los Ayuntamientos y casi 8 mil a sus organismos. Del gasto publicitario del Gobierno estatal, informó que ascendió a 184 millones de pesos.
Los proyectos de decreto, que deberán ser aprobados por el Pleno Legislativo, instruyen también al OSFEM a dar seguimiento a las solicitudes de información adicional para completar la revisión y fiscalización de estos entes, coordinarse con otras instancias a fin de dar seguimiento a estos procesos, publicar sus avances en su sitio de internet, emitir las respectivas determinaciones en los casos cumplidos e informar mensualmente a esta Comisión sobre tales procedimientos.
Adicionalmente, advierte que esta aprobación a los informes no libera a ninguno de los entes fiscalizables sobre responsabilidades derivadas de esta revisión.
En este sentido, dicha Comisión del OSFEM aprobó los informes de Resultados de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas del Estado de México y Municipios 2012, presentados por este órgano auxiliar que incluyen observaciones y recomendaciones de acuerdo con lo que la ley dispone.
Cabe hacer mención que se instruyó al órgano fiscalizador a dar seguimiento a los procesos de solventación a que haya lugar y cumplir con lo dispuesto por la Constitución de la entidad para su cumplimiento o resarcimiento, en su caso.
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