Toluca/Estado de México
El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad reformas al Código Penal para tipificar el delito de usura, conocido popularmente como “gota a gota”, y sancionar a quienes lucren con préstamos abusivos; la iniciativa establece penas de uno a 15 años de prisión y multas que van de 100 a 3,500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, con el objetivo de frenar una práctica que prolifera en varios puntos de la entidad.
El nuevo artículo define el ilícito de la siguiente forma: “comete el delito de usura quien, aprovechándose de la necesidad apremiante, ignorancia o inexperiencia de otro, mediante contratos, convenios o documentos mercantiles o civiles, formales o informales, incluidos aquellos simulados, otorgue préstamos de dinero, bienes o servicios cobrando intereses superiores al doble de las tasas fijadas por el Banco de México a intermediarios financieros para operaciones similares”.
El legislador Octavio Martínez; promotor de la reforma, señaló que prestar dinero no es ilícito, pero sí lo es imponer tasas de interés fuera de la realidad, por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie estos casos, aun cuando se trate de préstamos informales entre vecinos o conocidos, o de instituciones que se aprovechan de la precariedad económica para obtener ganancias.
La aprobación legislativa responde a una incidencia delictiva creciente en la región: además de delitos como el huachicoleo de agua, el despojo y los “montachoques”, la usura se ha vuelto un mecanismo de obtención de recursos por parte de estructuras que operan a la vista de la población; el legislador advirtió que la práctica es especialmente frecuente en municipios como Ecatepec, donde la ausencia de sanciones permitía que los prestamistas actuasen impunemente.
Con la reforma, los afectados podrán acudir a denunciar un delito que hasta ahora no estaba previsto en la legislación penal estatal, pese a que hace más de un siglo sí se consideraba; para que la norma entre en vigor solo falta su publicación en la Gaceta de Gobierno; una vez publicada, los mecanismos penales y sancionadores quedarán habilitados para perseguir y sancionar a quienes se beneficien de la usura en el Estado de México.
