Toluca, Méx.- El Congreso del Estado de México aprobó una importante reforma legal que agrava las sanciones contra el delito de despojo, estableciendo penas de hasta 17 años de prisión para quienes cometan este acto, incluyendo servidores públicos y notarios que participen en el delito.El diputado local Octavio Martínez Vargas, promotor de esta reforma, celebró la aprobación de la medida y explicó que se trata de una respuesta concreta a las denuncias ciudadanas por el despojo de propiedades en la entidad.“Hoy protegemos a más de cinco millones de vecinas y vecinos que tenemos un inmueble en el Estado de México. Puedes salir de casa a trabajar tranquilo: si alguien te despoja, irá a prisión y no tendrá beneficios de ley”, afirmó el legislador.Entre los puntos clave de la iniciativa destacan: El despojo será considerado delito grave, sin posibilidad de obtener beneficios como libertad condicional o acuerdos reparatorios.Además, se obliga al Ministerio Público a solicitar la restitución del inmueble en un plazo máximo de 48 horas, siempre que la víctima acredite la propiedad en el Registro Público de la Propiedad.Y se establecen agravantes cuando el delito se cometa con violencia, uso de documentos falsos o si se afecta a personas adultas mayores.La iniciativa fue respaldada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y por la mayoría parlamentaria, como parte de una estrategia para reforzar el Estado de Derecho y la protección del patrimonio familiar en el Edoméx.Llamado a reducir privilegios en organismos autónomosEn entrevista, el diputado Martínez Vargas hizo un llamado a los titulares de los organismos autónomos del Estado de México para que inicien una discusión seria sobre la reducción de sus elevados salarios.“Hay titulares de organismos que ganan incluso el doble que la gobernadora o que la presidenta de la República. Eso no está bien, no ayuda a la sociedad ni al Estado”, denunció.Martínez adelantó que llevará este tema a discusión formal en el próximo periodo ordinario del Congreso, en septiembre, con el objetivo de construir un gobierno más austero, transparente y sin gastos onerosos, en línea con los principios de la Cuarta Transformación.El legislador también criticó los “excesos” en el cobro de dietas y salarios dentro de algunos entes autónomos, como el Instituto de Transparencia del Estado de México (INFOEM), y sostuvo que es hora de reestructurar el gasto público para orientarlo hacia las necesidades reales de la población.
