*Exigen organizaciones sociales, quienes piden respeto para la zona Otomí-Mexica, declarada en 1980 área protegida Santuario del Agua
La liberación inmediata de 15 indígenas otomíes presos políticos -sin caución alguna- y el alto al proyecto de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, pues afectaría el entorno ecológico; la flora y la fauna, demanda el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra. Así como el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”. En este sentido, convocan a los movimientos sociales, académicos, activistas, defensores de derechos humanos y a la sociedad en general a sumarse a la defensa de la zona, pues se verían afectadas las comunidades de Huitzizilapan, Ayotuxco, Atarasquillo y Ameyalco.
A través de un comunicado, mencionadas agrupaciones explican que el martes 14 de mayo del año en curso, a las 8 AM, entró maquinaria propiedad de la empresa Autobahn S.A. de C.V. la cual tiene la concesión de la construcción carretera, al terreno que conforma parte de las propiedades privadas, ocasionando un enfrentamiento entre pobladores de la comunidad Otomí San Francisco Xochicuautla y personal de la empresa.
Que lo anterior trajo como consecuencia la detención de varias personas, en su mayoría mujeres: Antonio Ortega Villavicencio 60 años, Daniel Reyes Esteban, Silvia Domínguez Martínez de 49 años, Basilia Pérez de la Cruz de 54 años, Meliton Ortega Villavicencio de 55 años, Zaret Ortega Pérez de 20 años, Jesús Esteban Ramírez de 62 años, Francisco Flores Gutiérrez de 48 años, Rosa Santos Bermúdez de 68 años, Lidia Gutiérrez Santos de 32 años, Hilda Gutiérrez Santos de 29 años, Octavio Morales Alfaro de 42 años y Margarita Hernández Mejía, quienes fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, bajo cargos aún desconocidos. Y hay otro detenido, el cual se desconoce su nombre, ya que se encuentra incomunicado.
Y es que desde 2007, la comunidad Otomí de San Francisco Xochicuautla se ha opuesto a que los dueños del capital acaben con el bosque sagrado otomí-mexica, con 25 kilómetros de tierra comunal y tres kilómetros de propiedad privada, por lo que habitantes hñähñu enfrentan el hostigamiento y las amenazas de empresarios y de autoridades en contubernio.
Para salirse con la suya, fuertes empresarios, que incluso recibieron millonario apoyo del Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras) hasta convencieron a las autoridades municipales de Lerma, quienes emitieron un resolutivo en el sentido de que en el lugar no existen vestigios históricos ni culturales, por lo que no ve ningún inconveniente para que se lleve a cabo ese proyecto, cuando se trata del bosque sagrado otomí-mexica, que en 1980 fue declarado área protegida Santuario del Agua.
Por ello, desde el 13 de mayo de este año en que se hizo presente la fuerza pública, día en que a la vez personal de la Secretaría de Gobierno visitó a los líderes del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, para advertirles que no se presentaran a la Asamblea del Ejido de San Francisco Xochicuautla, que se realizaría al día siguiente, ya que de hacerlo “podría haber consecuencias”.
Fue así como un día después, el 14 de mayo, se llevó a cabo la amañada asamblea, bajo la presión de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de policías federales, pues custodiaban a gentes que supuestamente el 11 de noviembre de 2011 ya habían vendidos sus tierras para el cuestionado proyecto, con la promesa de recibir 160 pesos por metro cuadrado a cada afectado, y 40 mil pesos a cada comunero.
En ese sentido, el Partido de la Revolución Democrática condenó por medio de una misiva la conducción autoritaria y el uso de la fuerza pública por parte del Gobierno del Estado en contra de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, para inhibir la protesta social de ciudadanos de esta localidad, violentando sus derechos humanos así como sus usos y costumbres.
La formación política resalta que la orden de los indígenas otomíes fue dada por el Licenciado Leobardo Rodríguez Jalili Jefe de la Unidad Jurídica del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México.
“Si bien es cierto el Gobierno del Estado de México emitió un decreto expropiatorio el pasado 4 de octubre de 2012, también lo es que los habitantes de los municipios afectados con este proyecto no han sido indemnizados como lo marca la Ley, aunque cabe resaltar que la autopista que se pretende construir será de peaje, por lo que cabe cuestionarnos si es procedente el decreto expropiatorio que en esencia se emite para un bien general de la nación y no para el beneficio de intereses particulares”, añade el PRD.
Más adelante, subraya que el perredismo mexiquense exige el esclarecimiento de este hecho y el deslinde de responsabilidades por parte de los policías que ejercieron violencia directa contra las siete mujeres y ocho hombres adultos mayores. Y que reprueban la forma en la cual se pretende inculpar a los habitantes de conductas delictivas sin sustento jurídico para sostener las acusaciones.
“Responsabilizamos al Gobierno del Estado de México de las consecuencias políticas, sociales y de ingobernabilidad que este hecho engendre, no olvidando señalar su postura de intolerancia, autoritarismo e insensibilidad en su permanente afán por criminalizar la protesta social”, destaca.