*Luego de tres años de letargo, fue reinstalada la Comisión
Intersecretarial para prevenir y combatir a ese delito
Hace días fue reinstalada la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Combate a la Economía Ilegal, como lo mandó el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2018. Al respecto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Herrera Chong, dio a conocer que el objetivo es generar mejores condiciones para alcanzar un México en paz, más próspero y con mayor desarrollo.
Según el funcionario federal, se deberá plantear una estrategia que tome en cuenta la dimensión social del problema, lo que permitirá democratizar la productividad así como el compromiso de reducir la pobreza y la desigualdad.
Y a propuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, fue aprobada la Mesa de Combate a la Ilegalidad, para lo cual habrá estrecha comunicación y colaboración entre el sector empresarial y las autoridades federales.
El anuncio dado a conocer por Osorio Chong tiene mucha ambigüedad, por lo que las autoridades deben de ser más explicitas, pues hablan de la necesidad de abatir la piratería, y da la casualidad que este no es el único tema que entra en la informalidad.
Es que hablar de informalidad es entrar en muchos terrenos; hay informalidad en el rubro del transporte urbano, donde con la complacencia de las autoridades, los permisionarios no entregan boletos a los usuarios, para, por un lado no pagar impuestos y para no hacerse responsables de la seguridad de los usuarios, en caso de accidentes.
Hay informalidad cuando las grandes empresas crean fundaciones para “apoyar causas sociales, colectivas”, cuando en realidad el dinero que llegan a juntar de ciudadanos altruistas, los utilizan para que la SHCP les tome en cuenta esas cantidades a la hora de deducir impuestos. La informalidad existe si los empresarios no cumplen con sus obligaciones fiscales.
Se puede hablar de informalidad si el comercio de vía pública (ambulante, fijo o semifijo) tiene presencia en los municipios. Aquí las causas son más graves, ya que el fenómeno obedece a la falta de oportunidades de empleo; a las pésimas políticas de los tres niveles de gobierno para crear fuentes de trabajo, si no bien remuneradas, que permitan a las familias vivir de manera digna.
Inclusive hay informalidad en el sector gobierno si no se transparenta el manejo adecuado, honesto de los recursos públicos; si los funcionarios o empleados hacen mal uso de los impuestos, si llegan sus alforjas afectando al colectivo.
Como el asunto no es tan sencillo como parece, tal vez a ello se deba que la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Combate a la Economía Ilegal, no haya sesionado durante los últimos tres años, porque las autoridades no saben ni lo que plantean, mucho menos a dónde quieren llegar.
Sea pues dicha comisión para que se analicen a conciencia los problemas que originan la informalidad y, sobre todo, se de respuesta no mediante el uso de la ley del garrote, de la persecución absurda, sino mediante el diálogo, la concertación. Y porqué no reconocerlo, de ser necesario aplicando las normas jurídicas que nos rigen.