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Articulo.-En Almoloya de Juárez Descubren que un Funcionario Municipal Usurpa Funciones de la TesorerÍa

*Su nombre es Lorenzo Ciro Chato y es director de Gobierno

Lorenzo Ciro Chato, director de Gobernación municipal de Almoloya de Juárez es señalado por el Frente de Tianguistas Fundador A.C de dicho municipio por usurpación de funciones y abuso de poder en contra de los comerciantes tianguistas y ambulantes, al realizar cobros de uso de suelo con comprobantes apócrifos que carecen de la firma y sello de la tesorería municipal, “actos ilícitos en los que incurre al carecer de personalidad jurídica para realizar cualquier tipo de cobro”, por lo que demandan la intervención directa del alcalde Vicente Estrada Iniesta.

Cipriano Pérez Remedios presidente de mencionada organización y Alfredo Urbano Flores Moreno, apoderado legal de la misma explicaron a este medio de comunicación que ese tipo de actitudes no es un echo aislado, ya que en San Francisco Tlalcilalcalpan, los días miércoles de plaza se les cobran diez pesos a 160 tianguistas, lo que equivale a mil 600 pesos como derecho de piso y 400 pesos por una supuesta licencia de funcionamiento.

Denunciaron que los sujetos: Pedro Garduño, quien vende chácharas; Odilón Hernández, que tiene el giro de discos piratas; Armando “N”, el cual vende ropa, y Domingo García, dedicado a la venta de bonetería, a nombre y representación de Gobernación realizan cobros cada domingo a los  200  comerciantes ambulantes de 20 pesos y cuatro mil pesos como pago del derecho de uso del suelo. Y al negarse a pagar, corren el riesgo de que  les recojan su mercancía y/o sean agredidos verbal y físicamente con la complacencia de seguridad pública, violentando su estado de derecho al libre y licito comercio.

“La existencia de cobros fraudulentos (a 480 comerciantes de la cabecera municipal se les cobra 380 peso, dando un total de 183 400 pesos), tolerados y avalados por la Dirección de Gobernación que mal dirige Lorenzo Ciro Chato, afecta a las arcas de la Tesorería Municipal, pues nunca ingresan los impuestos”, enfatizaron y agregaron que quien se atreva a oponerse a la medida, simplemente se les niega el derecho a ejercer su actividad.

Añadieron que a dos años del  endurecimiento de las leyes en materia de piratería, el Ayuntamiento continúa consintiendo y alentando su comercialización en el centro histórico y en la explanada del tianguis, haciendo caso omiso e ignorando los convenios de colaboración del Estado y Municipios con la Federación.

Por si fuera poco, subrayan, ha crecido en forma alarmante la irresponsabilidad de los comerciantes formales e informales, y de los mataderos clandestinos, que desalojan todo tipo de desperdicios alimenticios y grasas a través de las alcantarillas, ocasionando taponamientos en la red de drenaje municipal ante los ojos y tolerancia de Gobernación, Protección Civil y Salubridad municipal.

Y el colmo es que los sanitarios para uso de los tianguistas y compradores son insuficientes, se encuentran en total abandono y en muy mal estado, a pesar de que por su uso se hace un cobro de dos pesos por cada servicio, por lo que el día domingo se llega a recaudar hasta 10 mil pesos, “dinero que desconocemos su destino, ya que no se dan comprobantes oficiales de la tesorería, además de ser utilizada esta zona como bodega, perdiendo su objetivo fundamental como servicio publico de salubridad e higiene.

Derivado de lo anterior, destacan que existe una clara omisión y/o desconocimiento del Código Financiero del Estado de México, ya que los cobros realizados por uso de suelo en el comercio informal, no es apegado a esta normatividad, sino que es  realizado por el recaudador en forma discrecional; es decir, los que no pagan, los que pagan 10 pesos, los que pagan sin comprobante y que ocupan una superficie de más de 40 metros cuadrados.

Más adelante enfatizaron que las autoridades municipales, como responsables de la buena administración de Almoloya de Juárez, deben de realizar las investigaciones necesarias en coordinación con los encargados de impartir justicia, por lo que se deben levantar denuncias penales en contra de quienes resulten responsables, toda vez que estos tiempos deben ser de absoluta seriedad, donde se haga valer el marco jurídico para impedir todo tipo de acto de corrupción.

Le recordaron al edil Estrada Iniesta que la organización que representan está debidamente constituida, y que ello consta en los archivos de la notaría número 82 con sede en Toluca, bajo la atinada dirección del notario Gabriel M. Ezeta Moll.

Es de destacar que los denunciantes a la vez solicitan tomen cartas en el asunto: el gobernador Eruviel Ávila Villegas; el procurador General de Justicia del Estado de México, Miguel Angel Contreras Nieto; el secretario General de Gobierno Estatal, Efrén Rojas Dávila; el comisionado de Derechos Humanos de Estado de México, Marco Antonio Morales Gómez; el titular del Órgano Superior de Fiscalización, Fernando V. Baz Ferreira, así como el contralor del Poder Legislativo, Victorino Barrios Dávalos.  

 

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