*Sigue habiendo falta de capacidad para solucionar el fenómeno de raíz
*De manera muy cómoda los funcionarios optan por la ley del garrote
Nuevamente el comercio de vía pública de Toluca se ve presionado por las autoridades municipales, quienes al inicio de la administración aceptaron el retorno de los mismos a los lugares que por años ocuparon; sin embargo, de la noche a la mañana, las autoridades locales cambiaron de parecer y optaron por volverlos a retirar de los espacios públicos sin tener un plan específico de reubicación.
Cada que llega una administración municipal en cualquier estado del país, no sabe qué hacer para solucionar el problema del comercio informal, o economía subterránea, como le llaman los economistas. Las autoridades en vez de atacar el fenómeno de raíz, optan por la ley del garrote; es decir, hacen uso de la fuerza pública para llevar a cabo desalojos, como si se tratara de delincuentes.
Ni gobiernos priistas, ni gobiernos panistas han comprendido la situación en toda su dimensión, toda vez que aplican las mismas técnicas de antaño: primero presionan a los comerciantes que expenden diversos productos en la vía pública exigiéndoles un permiso o licencia, que por lo general anteriores administraciones niegan.
Al no “cumplir” con la presentación de la licencia o permiso, haciéndose flexibles, las nuevas autoridades piden una serie de requisitos para permitir la compra venta de diversos productos en calles y avenidas cobrándoles a los comerciantes un derecho de piso, que luego desconocen para aplicar las reubicaciones mediante decomisos y presión policial; esto en el mejor de los casos.
En casos extremos, funcionarios menores envían a inspectores a condicionar el uso de espacios públicos “pagando una pequeña cuota”, algo así como 200 pesos semanales, por lo que si hacemos cuentas, al año da la suma de nueve mil 600 pesos que no entran a las arcas de la Tesorería Municipal, pues se quedan entre unos cuantos malos servidores públicos. Un permiso anual, debidamente pagado al H. Ayuntamiento, viene saliendo en no menos de mil 200 pesos. Luego entonces, el sector representa un buen negocio para los servidores públicos.
Para colmo, los comerciantes que desean trabajar libremente sin problema alguno, se ven en la necesidad de pagar cuotas a representantes, por lo que tienen que pegarle duro a las labores cotidianas para obtener dinero que les permita solventar el gasto familias, los impuestos o “mordidas” y los gastos de representación; y tienen que ponerse abusados para que les quede algo de dinero para reinvertir.
El fenómeno se da por la incapacidad de las autoridades federales, estatales y municipales para generar fuentes de empleo si no muy bien remuneradas, si pagadas dignamente, problema que afecta principalmente a la población juvenil a la cual la iniciativa privada hasta le ponen muchos pretextos para no contratar los servicios de las nuevas generaciones con el pretexto de la falta de experiencia en cualquier área.
Por ello, en las ciudades vemos que los índices de delincuencia crecen a cada día; que los que a los cárteles se suman las juventudes para ganar dinero y de esta manera ayudar a su familia, ayudarse a sí mismos. Para contar con algo de dinero en la bolsa, aunque sea de procedencia ilícita.
En lo que toca a la alameda de Toluca, el 13 de marzo del año en curso, el decimo quinto regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Mario Medina Peralta solidarizándose con la “Unión de Comerciantes Cuauhtémoc”, acompañado por el líder de la misma Francisco Javier Hernández Martínez y por la diputada Ana Yurixi Piñón protestó por el desalojo que se hizo en mencionado lugar con el pretexto de que la alameda sería remodelada, por lo que el H. Ayuntamiento prevé erogar 100 millones de pesos.
Al respecto, el regidor de oposición enfatizó que el gobierno municipal que encabeza Martha Hilda González Calderón “maquilla” las obras sobre las necesidades de la ciudadanía: “La Alameda se encuentra en buenas condiciones, además ese proyecto nunca se ha discutido en el Cabildo como lo dicta el Articulo 115 de la Constitución, y no se ha presentado ningún proyecto por parte de la presidenta Martha Hilda; así que sería mejor que invirtieran ese dinero en dotar de electrificación a comunidades como Totoltepec, Nueva Oxtotitlán y otros, así como demás servicios públicos faltantes” aseveró Mario Medina.
Y Francisco Hernández puntualizó que el desalojo de la Alameda, donde se ven afectados 160 comerciantes, lo hicieron las autoridades en cuestión con amenazas de enviarlos presos al Centro Estatal de Readaptación Social –Santiaguito- de Almoloya de Juárez.
En uso de la palabra, Ana Yurixi reiteró su apoyo y respaldo a los comerciantes; resaltó que no permitirán más atropellos de la autoridad municipal; e hizo un llamado a la edil de Toluca Martha Hilda González, para que respete los espacios del comercio tradicional que han estado por más de 50 años, pues no debe amenazarlos, y que se base en su eslogan “Gobierno Educador”: Por igual se mostró a favor de la preservación de las tradiciones del municipio.