En México hay reportados 30 mil personas desaparecidas, según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Entre esas personas están los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapan, Guerrero, cuyos familiares se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto, cansados de tanta espera, cansados de que el Estado no haga uso de su poder y despliegue todas su herramientas para encontrar vivos a sus hijos.
En sus rostros, requemados por el sol, pues en su mayoría son campesinos, se les nota el dolor, la rabia, la desilusión de vivir en un país donde se les criminaliza por ser pobres, por ser gestionadores de derechos, según sus propias voces.
Los estudiantes sobrevivientes de los ataques del 26 de septiembre y que no fueron desaparecidos de manera forzada han expuesto la situación que vive Guerrero –que seguramente muchos estados más del país- y que el gobierno ha querido ocultar.
La gente humilde de Iguala y de otros municipios tienen dos opciones, el narcotráfico o la rebelde resistencia; sin embargo esta última es mucho más peligrosa, pues la seguridad que debiera proporcionar el Estado les es negada, siendo presa fácil del crimen organizado, el cual también ha infiltrado a los gobiernos, como es el caso.
Los jóvenes estudiantes sostienen que son tachados de violentos, se espantan cuando los Ayotzi hacen algo –dicen-, sin embargo ellos en sus calles, frente a sus casas, todos los días padecen la violencia.
Lo que pasó en Iguala, exponen, destapó el horror, “al Estado le explotó lo que quería esconder”.
Señalan que el gobierno dejó crecer el narcotráfico, incluso desde niños recuerdan la siembra de amapola en la región sin que el Ejército hiciera nada, por lo que ahora está fuera de control y se han apoderado de las mismas corporaciones policiacas, por lo que desconocen quien los protegerá en sus comunidades cuando regresen, cuando aparezcan sus compañeros de la normal.
Y en este punto creo es importante no olvidar, después de Ayotzinapa nadie puede regresar a su vida “normal”, pues de lo contrario esta situación se puede repetir en Iguala o en cualquier parte del país.
La gente debe exigir a los gobiernos limpiar realmente las corporaciones policiacas a las fuerzas armadas; exigir policías y militares con mayores estudios, más preparados; exigir que a las corporaciones se les ofrezcan capacitaciones apegadas a derechos humanos, donde no se les enseñe a odiar o ver como delincuentes a la gente que protesta, pues esa criminalización ha dado pie a que actúen de manera violenta contra la población.
Finalmente, me gustaría resaltar una vez más que tras la desaparición forzada de estos jóvenes, se han encontrado numerosas fosas con cuerpos que no son de los estudiantes; sin embargo los familiares hacen la exigencia que no sólo se les busque de esa manera, como si estuvieran muertos, que se les busque en vida y en todo el país.