La semana pasada le tocó comparecer al procurador general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, ante el Congreso mexiquense; como era de esperarse fue cuestionado sobre el caso Tlatlaya, sobre lo cual reconoció que hubo “deficiencias, omisiones e insuficiencias».
Pero no será la primera vez que esto sucede en la Procuraduría estatal y lo mismo se repite en la federal y de otras entidades; pareciera que es un patrón que siguen de manera intencional para alargar las investigaciones hasta que las aguas se calmen y la gente olvide; pero también se puede interpretar que todas estas anomalías se presentan para encubrir y no sancionar a los responsables de alto rango.
Sólo para recordar, en Tlatlaya fueron ejecutadas por el Ejército mexicano 22 personas, esto el pasado 30 de junio de 2014; las versiones oficiales indicaban en aquellos momentos que había sido un enfrentamiento con personas vinculadas al crimen organizado, pero después surgió la verdad, y no va tal enfrentamiento.
Al respecto, ante los legisladores del Estado de México, el procurador aseguró que los elementos de la PGJEM llegaron seis horas después de que se enteraron de los hechos, «tomamos conocimiento en las circunstancias en las que se encontraban las cosas en ese momento, las cuales fueron adversas, por la dimensión del evento al que nos estábamos enfrentando, la cantidad de compañeros, de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cantidad de personas de la procuraduría y los cuerpos policiales», dijo.
«Tuvimos seguramente deficiencias, omisiones e insuficiencias en la forma de procesar el lugar de los hechos, en tanto, debido a las circunstancias adversas en las que nos encontrábamos. (…)Fueron varias horas de trabajo lo que tuvieron que hacer, llegó el momento en que se nos oscureció, en que cayó la noche y la propia Secretaría de la Defensa Nacional lo señaló: no podemos permanecer en el lugar por el riesgo mismo de inseguridad que había en esos momentos y en la zona».
Recordó que la procuraduría participó en el levantamiento y traslado de los 22 cuerpos, realizó interrogatorios y entrevistas e integró la carpeta de investigación.
Destacó que había claros indicios de que las personas fallecidas pertenecían a una organización delictiva y que llegaron al lugar a pasar la noche.
Apuntó que las declaraciones de las tres mujeres sobrevivientes presentan inconsistencias al comparar lo que dicen en cada una de ellas.
Asimismo dijo que a pesar que se ejerció acción penal contra dos de estas mujeres por portación de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó la violación a derechos fundamentales de estas testigos, al ser víctimas de tortura y maltrato.
Informó que por este caso se ejerció acción penal por el delito de tortura contra siete elementos de la policía ministerial y por abuso de autoridad contra un agente del Ministerio Público.
Agregó que se está dando seguimiento a los puntos de la recomendación de la CNDH, por lo que se han impartido cursos de capacitación en materia de derechos humanos a 675 servidores públicos de la PGJEM, además se estableció el Fondo para la Atención y Reparación Integral en tema de violación de derechos humanos y se dictaron las reglas de operación. Dijo que actualmente está en proceso la individualización de los montos.
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