Por más que lo quieran disfrazar de justicia y Estado de Derecho, la ley del garrote impera en el país. En este sexenio (aunque no es algo exclusivo), cualquier manifestación o muestra de descontento termina con la intervención, no siempre justificada, de la policía.
Recientemente se dio el suceso de Acapulco, Guerrero, donde la policía federal intervino para desalojar a maestros de la CETEG, quienes demandan el pago de sus salarios y mejores condiciones laborales. Resultado de los excesos policiacos, resultó muerto un profesor de 65 años de edad.
Además, en diferentes medios, ha trascendido que algunas maestras fueron violadas, el caso más grave es una profesora que fue golpeada con varillas, que resultó con costillas y piernas rotas, además se presume que fue abusada sexualmente, pues declaró que al despertar de su inconciencia estaba en una camioneta policial con los pantalones y las pantaletas a mitad de sus piernas.
Y qué hace el gobierno, pues golpetea más al sector magisterial con medidas represivas y ahora anuncian que tienen maestros de sobra para sustituir a los profesores que abandonan las aulas para realizar actos políticos, cómo las manifestaciones.
El gobierno debería reconocer que las condiciones laborales de los maestros son pésimas, principalmente en estados como Guerrero y Oaxaca; que sus salarios son muy bajos, lo mismo que sus prestaciones. Por qué atender estas demandas, que es el motivo por el que protestan.
Ahora, en el marco de la novena Jornada por Ayotzinapa, a cinco muertes de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de esta población de Guerrero, anuncian que Jesús Murillo Karam deja la Procuraduría General de la República (PGR), pero como no lo pueden dejar sin sustento (salido del erario público, se va de titular a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano (Sedatu) ¿Qué tiene que ver la seguridad de un país con las tareas agrarias?
En su lugar, el presidente Enrique Peña Nieto propondrá a Arely Gómez González, quien solicitó licencia para separarse de su escaño en el Senado. Ella es familiar de Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, ¿a qué huele esto?
El gobierno federal, que anda muy mal, que hay quienes dicen que el barco se les hunde, busca mover piezas en el ajedrez, pero lamentablemente, no parece que el movimiento significa cambio de estrategias.
Lo que se requiere es que la Federación cambie las políticas de seguridad, no militarizando el país, no a través del uso excesivo de la fuerza pública. Se requiere que verdaderamente escuche las demandas de la población, que se haga justicia a quien se le tenga que hacer justicia y no que salga con el garrote y políticas criminalizadoras contra quienes cuestionan sus formas o tienen una exigencia.
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