Por: Doctor en Derecho Raúl García Viquez.
El pasado 21 de agosto concluyó la consulta sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) el pasado 24 de julio. A primera vista, se trata de un esfuerzo técnico para establecer reglas que permitan proteger los derechos de quienes escuchan la radio o ven la televisión. Sin embargo, detrás de esta discusión se encuentra un debate mucho más profundo: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en su intento por proteger a las audiencias sin poner en riesgo la libertad de expresión?
La consulta ya terminó. El debate, sin embargo, apenas comienza.
La intención de proteger al ciudadano es, sin duda, legítima. Las audiencias tienen derechos y deben contar con mecanismos para ejercerlos. La propuesta busca establecer herramientas para que puedan expresar observaciones, quejas y señalamientos, así como fortalecer instrumentos como los códigos de ética y las defensorías de las audiencias.
El problema aparece cuando la protección de esos derechos puede interpretarse como una facultad de la autoridad para calificar contenidos, cuestionar decisiones editoriales o establecer consecuencias por la manera en que un medio informa u opina. Esa es precisamente una de las preocupaciones que han expresado medios y organizaciones del sector: que una norma concebida para proteger a las audiencias pueda terminar otorgando al regulador facultades demasiado amplias sobre el trabajo periodístico.
Y la preocupación merece ser escuchada.
Los medios de comunicación no son simples repetidores de datos. Informan, investigan, interpretan, analizan y, en muchos casos, fijan una postura editorial. Un conductor que expresa una opinión, una televisora que decide qué temas priorizar o un programa que adopta una determinada línea editorial forman parte del pluralismo que necesita cualquier democracia.
Por supuesto, libertad editorial no significa ausencia de responsabilidad.
Una audiencia tiene derecho a saber cuándo está frente a información, cuándo frente a una opinión y cuándo frente a publicidad. Tiene derecho a recibir distintas voces y a contar con mecanismos para expresar sus inconformidades.
Pero existe una diferencia fundamental entre darle herramientas al ciudadano para interpretar un contenido y darle a una autoridad la facultad de decidir qué contenido es aceptable.
Ahí está el verdadero dilema.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que la propuesta tenga como finalidad censurar a los medios y ha mostrado apertura para revisar disposiciones que puedan generar ambigüedad o preocupación. Pero el debate no debería depender solamente de las intenciones del gobierno actual.
Hay una pregunta mucho más importante: ¿qué ocurriría si una norma ambigua, con facultades amplias, quedara en manos de un gobierno distinto al que hoy la promueve?
Las leyes y los reglamentos no se escriben pensando únicamente en quienes gobiernan hoy. Se escriben para todos los gobiernos que vendrán.
Por eso, quizá el camino no sea elegir entre una libertad absoluta de los medios o un control estatal de los contenidos. Existe una tercera vía: medios libres, audiencias informadas, autorregulación, reglas claras y una autoridad con límites precisos.
Una audiencia verdaderamente protegida no necesita que el Estado piense por ella. Necesita herramientas para distinguir información de opinión, reconocer una postura editorial, identificar publicidad, escuchar distintas voces y formar su propio criterio.
Y aquí aparece, quizá, la pregunta más importante de todo este debate:
¿Cómo protegemos a las audiencias sin protegerlas también de las opiniones que no nos gustan?
Porque confiar en la ciudadanía también significa reconocer su capacidad para escuchar una postura con la que no está de acuerdo, cuestionarla y decidir por sí misma.
Proteger los derechos de las audiencias y defender la libertad de expresión no deberían ser objetivos enfrentados. En una democracia madura, uno debería fortalecer al otro.
El reto de los nuevos Lineamientos no es solamente establecer qué pueden o deben hacer los medios. Es encontrar el equilibrio que permita que el ciudadano tenga más herramientas, sin convertir al Estado en editor, corrector o árbitro de la conversación pública.
En última instancia, este debate no es solamente sobre telecomunicaciones ni sobre tecnicismos regulatorios. Es, en su esencia más profunda, una discusión sobre la libertad.