Los diferentes niveles de gobierno le apuestan a los programas sociales para combatir los niveles de pobreza, se dicen ser sensibles y por ello reparten desde canastas alimentarias hasta juguetes; pero en las acciones contundentes la lectura es otra, pues avalan (o guardan silencio) leyes como la General de Aguas, que según expertos en el tema puede vulnerar el derecho humano al agua.
La semana pasada se dio a conocer que la Cámara de Diputados aprobó en comisiones el dictamen de la Ley General de Aguas, cuyos preceptos derivarían en un aumento en las tarifas a consumidores, lo que sin duda afecta más a los sectores vulnerables de la población, reduciendo aún más su posibilidades de salir del círculo de pobreza, muy a pesar de los programas sociales.
En esa misma semana, también se dio a conocer que 21.4 millones de niños y adolescentes viven en la pobreza, lo que representa 53.9 por ciento de ese sector poblacional, de acuerdo con el estudio Pobreza y derechos sociales de niños y adolescentes en México 2012-2014, presentado ayer por la Unicef y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Este último organismo refiere que en 2014 en el Estado de México, 59.0 por ciento (3.1 millones) de niños y adolescentes se encuentra en situación de pobreza multidimensional, entendida como la situación de una persona cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y los ingresos percibidos por los miembros del hogar donde reside son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades.
La Unicef y el Coneval, al presentar su estudio, subrayaron la importancia de invertir en la infancia, pues sólo así se podrá prevenir la delincuencia femenil, embarazos en adolescentes y violencia, además de romper el intergeneracional de la pobreza.
El reporte informa que los niños y adolescentes enfrentan sobre todo carencias de seguridad social y acceso a la alimentación, seguidos de los servicios de salud. Además de esos derechos, en la medición de la pobreza se considera el acceso a calidad de vivienda, servicios en la vivienda, así como educación e ingreso.
De no tener presupuestos especiales para este sector la pobreza en México será permanente, pero también es necesario que los gobiernos y los políticos sean consecuentes, pues a lo largo de este sexenio se han aprobado medidas que están golpeteando a los sectores con más carencias económicas, así como a la llamada clase media.
Y aquí retomamos la Ley General de Aguas , la especialista Claudia Campero, consultora de Blue Planet Project, se trata de una legislación que contraviene el derecho al agua y significa “un paso adicional” para beneficiar al sector privado que ha ganado espacio de acción desde 1994.
Cabe recordar el proyecto Monterrey-VI, para llevar agua de Veracruz a Nuevo León, obra entregada a Grupo Higa, sí, la de la Casa Blanca, la empresa favorita del presidente Enrique Peña Nieto, desde que era gobernador en el Estado de México.
De acuerdo con Claudia Campero, uno de los aspectos más preocupantes se refiere al lineamiento de las “causas de utilidad pública”, lo que deja a las comunidades con “menos posibilidades de defensa”.
Y es que brinda todas las facilidades para que las empresas operen sobre las cuencas de agua, lo que los comuneros habían podido impedir gracias a las actuales leyes, sin embargo con la nueva ley “se otorgaría a los consorcios que están operando y distribuyendo el agua, una facilidad para pasar encima de los derechos territoriales de la comunidad”, dice Campero y coinciden con ella más de 40 organizaciones civiles como entro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Colectivo de Promoción de los Derechos Civiles y Desarrollo Social DECIDES, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, entre otras.