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Articulo.-Sigue el Abuso de Poder de la Administración de la alcaldesa Marta Hilda González Calderón

*Comerciantes denuncian arbitrarias detenciones, sí como el cobro indebido de espacios

El domingo 21 de abril del año en curso, varios comerciantes esperaban en el área de cubículos de los Ministerios Públicos, en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) para solicitar los dejaran ver a sus compañeros aprehendidos un día antes por los supuestos delitos de resistencia y ultrajes.

Y entre las 11 y 12 horas policías y servidores públicos menores del Ayuntamiento de Toluca, llegaron con una botarga con un  pequeño niño en brazos para su presentación ante el representante social. Dentro de la figura, un espantado hombre se preparaba para enfrentar a los representantes de la ley, no sabía que era delito grave ganarse varios pesos en los portales, permitiendo que la ciudadanía se toma la fotografía con él. Lo que más le preocupaba era la suerte de su vástago.

Una dama acudió al lugar, donde el MP en turno se preparaba a tomar las declaraciones de los policías y  del inculpado de la botarga. Era la líder de la Unión Lázaro Cárdenas, Elba Castaño quien inquirió: “¿De qué delito se le acusa al señor?, ¿qué no les da vergüenza?, trae un niño de brazos”.

María del Carmen Alarcón Estrada, jefa de Verificación de Fomento Económico Municipal, y su lugarteniente Erick Jordán Tenorio la miraron amenazadoramente diciéndole: “Tú no te metas. Ya bájenle de huevos, a ustedes les va a para lo mismo. Ya los tenemos identificados”. En un momento,  Elba y sus compañeros se habían olvidado de los detenidos el sábado 20 de abril, por instalar puestos de diversos giros en lugares “prohibidos”, ubicados en Isidro Fabela sur esquina Paseo Tollocan y 5 de Mayo, en Toluca.

Durante una  conferencia de prensa realizada el 25 del mes y año en curso en el restaurante Biarritz, los comerciantes detenidos el 20 y puestos en libertad bajo caución el 22 del mismo mes, para demostrar que nunca ofendieron ni agredieron verbal o físicamente a los elementos policiales; mucho menos se opusieron a los decomisos, mostraron a los representantes de los medios masivos de comunicación un video, donde se ve cómo los policías suben a los dirigentes del Frente Amplio de Organizaciones Sociales (FAOS) y de la Unión de Comerciantes “Che Guevara”.

Francisco Ibáñez, asesor jurídico de mencionadas agrupaciones subrayó en ese tenor que habrá de presentar las pruebas a favor de sus defendidos (4) para demostrar su inocencia y echar abajo los delitos que les imputan los policías: resistencia y ultrajes. Por cierto mencionó que los elementos policiales no enseñaron la respectiva orden de aprehensión, además de que uno de ellos se identificó con una credencial vencida, por lo que luego entonces estaba usurpando funciones.

En su intervención, el dirigente del FAOS y la Che Guevara, Julio César Palacios, demandó respecto al sector. Aseveró que el día de las detenciones habían instalado puestos en dicha zona en protesta por el incumplimiento de las autoridades municipales, con dos acuerdos: facilitar un predio en Santa María Totoltepec, y el otro que se localiza Paseo Tollocan, frente al Parque Urawa, para reubicar a la gente.

Mencionado personaje y Elba Castaño hicieron responsable a María del Carmen Alarcón Estrada,  a Erick Estrada Tenorio, y a la propia presidenta municipal Marta Hilda González Calderón, de lo que les pase, toda vez de que han recibido serias amenazas de las primeras dos personas que se sienten muy protegidas por el director de Gobierno Municipal, Jorge Fuentes.

Palacios resaltó que para solucionar el problema del llamado comercio informal o de vía pública, se requiere un diálogo serio entre las partes involucradas, que contemple propuestas  viables de reubicación, acondicionamiento de espacios, etcétera; que con la ley del garrote nada se va a lograr.

A propósito, denunció que por lo menos 350 comerciantes de vía pública que son independientes, a través de incondicionales son extorsionado para dejarlos vender en los lugares escogidos por ellos mismos; cobrándoles de 200 a 500 pesos a la semana, dependiendo del lugar, dinero que nunca entra a las arcas de la Tesorería Municipal.

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