Hace unos meses la población se preguntaba la razón de ser de las policías comunitarias de Guerrero, de las autodefensas en Michoacán –las más sonadas-, así como de las de Puebla y el Estado de México –las menos sonadas-. La respuesta de los involucrados era proteger sus vidas y sus patrimonios del crimen organizado.
El gobierno intervino, en el supuesto de que las policías públicas y las fuerzas armadas son las encargadas de garantizar la seguridad en cada rincón del país; desarmó a quien pudo de esta población armada y a los que no pudo, a quienes no guardaron silencio, se les encarceló.
Meses después a qué se enfrenta la sociedad mexicana, el caso Tlatlaya, con la ejecución 22 personas a manos de la milicia, la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapan, en el municipio de Iguala, Guerrero, siendo responsables policías municipales vinculados con grupos delictivos.
Ahora el sentir de la gente podría ser de desamparo, pues a quién le confía su seguridad, su protección, sí quienes son los responsables de estas tareas toman las armas en contra de la población, sirven a la delincuencia y sin reparo asesinan a niños, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos, a todos por igual.
Y qué se puede esperar de las instituciones si no toman medidas de manera inmediata, dando oportunidad a que los criminales huyan, a que las autoridades involucradas no asuman sus responsabilidades.
El presidente de la República ya reconoció que en algunas entidades las dependencias son débiles, también lamentó la desaparición de los jóvenes normalistas de Guerrero, pero a la población eso de nada le sirve ni le consuela, pues con el paso del tiempo las historias se repiten una y otra vez, Guerrero es el más claro ejemplo, pues meses atrás ya se habían asesinado a un par de estudiantes de esta misma escuela y si nos vamos más lejos, están Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, quienes participaron en la guerrilla ante la falta de respuesta de las autoridades.
En este sentido, cabe señalar que los jóvenes desaparecidos protestaban por el recorte de presupuesto a su escuela, por la falta de becas y otras situaciones de desigualdad, así como muchos otros luchadores sociales guerrerenses que han sido asesinados. Por ello queda en el sentir de la población que la protesta es criminalizada en este país, pero cómo no protestar, pero cómo no van a protestar los guerrerenses, si en sus tierras viven los más pobres de los pobres de México, en Cochoapa El Grande, donde los niveles de pobreza son comparados con los del África subsahariana, donde la gente se muere de hambre y enfermedades curables, según datos de la ONU.
Cómo no protestar si en México las cosas no van del todo bien y el mundo entero ya lo está viendo.
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