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Artículo.-Viola Ley Atenco las garantías individuales

La Ley que regula el uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, conocida como Ley Atenco, sí viola las garantías individuales, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promoverá una acción de inconstitucionalidad en su contra.

Recordemos que fue el propio gobernador Eruviel Ávila Villegas quien solicitó a la CNDH analizará esta normatividad, luego de que diferentes voces se pronunciaron en su contra, tras haber sido aprobada por el Congreso mexiquense, a iniciativa del mismo mandatario mexiquense.

La Comisión, en un comunicado, informó que realizó un análisis riguroso y contrastó la ley con la Constitución e instrumentos internacionales, concluyendo que esta normatividad afecta los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión, entre otros.

Asimismo, determinó que es importante que se regule el uso de la fuerza, pero también garantizar la sana convivencia y respeto entre las personas, además de la protección amplia del ejercicio de los derechos humanos de todos.

“El uso de la fuerza, si bien es cierto, sirve para garantizar la sana convivencia y respeto entre las personas, también lo es, que debe garantizar la protección más amplia del ejercicio de los derechos humanos de todos”, dicta el comunicado.

Cabe señalar que en este análisis participó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CDHEM), la cual coincidió en el tratamiento de las temáticas, según declaró la CNDH.

También es importante resaltar, que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación  la que decida sobre la validez de la norma impugnada. Actualmente, la SCJN se encuentra analizando el documento, a petición de Eruviel Ávila, quien seguramente está esperando el posicionamiento de los ministros para dar su propia respuesta.

La ley fue publicada el 18 de marzo de 2016, en el Diario Oficial del Estado de México. Sin embargo, desde su publicación, la CNDH se dio a la tarea de realizar un análisis integral de la misma, contrastándolo con la Constitución y con los instrumentos internacionales que existen sobre la materia, y detectó “algunas posibles inconstitucionalidades”.

 

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