Toluca / Estado de México
Durante la comparecencia del secretario General de Gobierno, José Manzur Quiroga, el Grupo Parlamentario del PRD cuestionó, con datos de fondo, temas que resultan espinosos para el gobierno estatal, incluso que no se tocaron en el Cuarto Informe de Resultados del gobernador Eruviel Ávila Villegas.
En su intervención, la diputada Juana Bonilla Jaime, a nombre de los perredistas, pidió al funcionario mexiquense que diera una explicación sobre los feminicidios, pues en el Estado de México se han cometido 2 mil 318 crímenes de este tipo, en un lapso de nueve años, según cifras recabadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
“Señor secretario es importante que nos responda ¿cuál es su compromiso, en plazos, para reducir esta incidencia delictiva? Ya que está situación se ha agravado con el paso de los años…”, manifestó.
En ese tenor, la legisladora, con el respaldo de su grupo parlamentario, exigió a Manzur Quiroga que la Alerta de Género se extienda a los 125 municipios mexiquenses, ya que no es suficiente que en tan sólo 11 municipios se haya decretado.
Además le solicitó las fechas en que se empezarán a implementar los protocolos de actuación y seguridad de Alerta de Violencia Género en dichos municipios.
En cuanto al caso Tlatlaya, Bonilla Jaime sostuvo que de acuerdo a las investigaciones, lo que ahí sucedió fueron ejecuciones sumarias, por lo que las indagatorias deben ser más contundentes.
“Mi Grupo Parlamentario le cuestiona: ¿Cuál ha sido la responsabilidad penal en su caso, qué tuvieron los servidores públicos adscritos a la Fiscalía Regional de Tejupilco y la Fiscalía de Asuntos Especiales, particularmente en aquellos que ejecutaron, ordenaron o toleraron las acciones u omisiones en los lamentables hechos del caso Tlatlaya?
La legisladora del PRD también lo cuestionó sobre la delincuencia organizada en el CUSAEM, lo cual es grave –agregó- si se considera que varios de sus elementos están contratados en áreas estratégicas a nivel nacional, por ejemplo: del 2012 al 2014, Caminos y Puentes Federales le adjudicó contratos por 168.6 millones de pesos por custodia en casetas y servicios de seguridad y de fuerza antimotines.
“Algunos de sus elementos están involucrados en delitos y no están certificados, esta corporación obtuvo contratos por más de 2,000 millones de pesos en los primeros dos años del actual gobierno federal… Su licencia para portar armas de fuego corresponde a la hoy Comisión Estatal de Seguridad Pública y sus elementos cuentan con el servicio de ISSEMYM, en una clara irregularidad” señaló.
Además señaló que en el 2010, elementos de este cuerpo eran guardaespaldas del narcotraficante José Jorge Balderas alias “El JJ”, relacionado con el cártel de los Beltrán Leyva y responsable de la agresión al futbolista Salvador Cabañas.
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