Toluca / Estado de México
Ante el pleno de la Legislatura mexiquense, el diputado Octavio Martínez Vargas aseveró que el gobernador Eruviel Ávila Villegas está obligado a aceptar las recomendaciones de la CNDH por el caso Tlatlaya; mientras que el procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez, debe renunciar, pues ha quedado al descubierto que la dependencia a su cargo tortura, fabrica y altera pruebas y no emplea métodos de investigación científica.
“¡Ahora entiendo por qué confundió restos óseos de animales con los de seres humanos!”, enfatizó, en alusión a los cuerpos encontrados en el Gran Canal en meses pasados y que pueden estar relacionados con los casos de jóvenes desaparecidas en Ecatepec.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados local señaló que el mandatario mexiquense está analizando las recomendaciones y en un plazo de 15 días –a partir de la recomendación- responderá a ellas; sin embargo –subrayó-, si Ávila Villegas está comprometido con el respeto a los derechos humanos, debe aceptar las recomendaciones y corregir las fallas.
En cuanto al procurador, insistió que este debe renunciar y se le inicien los procesos judiciales por ocultar y manipular información de los crímenes en Tlatlaya y, en general, en el Estado de México, pues cabe la posibilidad de que en muchos de los casos su personal actúe de forma similar, dado que sólo así se explica que haya confundido los restos óseos encontrados en el Gran Canal de Ecatepec, que no encuentre a las 46 jóvenes desaparecidas en ese municipio en los últimos meses y entregue a los familiares cuerpos que no corresponden con la media filiación de las jóvenes.
En sus investigaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encontró que 15 de las 22 personas que murieron en el presunto enfrentamiento del 30 de junio pasado en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, fueron fusilados por el Ejército, a pesar de que ya se habían rendido.
Por tanto, señaló el organismo, el mandatario mexiquense y el procurador no tenían pruebas para concluir, como lo hicieron, que los 22 muertos cayeron en enfrentamiento con soldados, pues ya existían indicios de que fueron asesinados ilegalmente.
La CNDH determinó que la PGJEM actuó de forma irregular al no resguardar adecuadamente las evidencias, no tomar fotografías dentro y fuera de la bodega antes de practicar los estudios periciales, ni tomar detalles individuales, violando los protocolos de investigación científica, “seguramente con la intención de ocultar algo”.
Además, las necropsias practicadas omitieron datos para dar certeza de la forma en que ocurrieron los hechos aquella fecha.
La CNDH también acreditó tortura y “agresiones sexuales” cometidas por personal de la PGJEM en agravio de dos personas, y tratos inhumanos en contra de una más, que fueron interrogadas mediante golpes, torturas y amenazas, y a quienes se obligó a firmar una declaración que no habían leído en la que se reconocen como integrantes de una banda de secuestradores, de tal manera que dos de las mujeres fueron enviadas a penal de Tepic, Nayarit, procesadas por delitos graves.
La Procuraduría mexiquense, concluyó la CNDH, no respeta los derechos humanos, ni tiene personal capacitado para realizar investigaciones a partir de métodos y técnicas científicas.
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