El candidato de las izquierdas expresó que esto sucede en horas hábiles laborables de los funcionarios del Instituto Mexiquense del Emprendedor
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TLALNEPANTLA, Méx.- El candidato a diputado federal por el distrito 19 del PRD-PT-Movimiento Ciudadano Raciel Pérez Cruz, dijo que el Gobierno del Estado de México a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor, así como de funcionarios locales de la administración de Tlalnepantla además de connotados priístas están operando la compra del voto a favor del PRI y de la hija del alcalde Arturo Ugalde Meneses, Denisse Ugalde candidata a diputada federal por el distrito federal 19.
Denunció lo anterior, al expresar que cuentas con pruebas contundentes como un video en donde se aprecia a funcionarios municipales de Tlalnepantla y funcionarios estatales en un predio ubicado en la calle Galeana de la Colonia La Loma-Tlalnemex, en donde se realiza el intercambio de credenciales por materiales para la construcción.
El candidato de las izquierdas expresó que esto sucede en horas hábiles laborables de los funcionarios del Instituto Mexiquense del Emprendedor con autos rotulados de la dependencia, así como funcionarios municipales encabezados por el Director del Jurídico de Tlalnepantla con autos del actual gobierno en terrenos propiedad de Alfonso Malpica quienes aplican la operación de compra de votos.
Por tales hechos, denunció el candidato a diputado federal existe ya una denuncia ante la Fiscalía Especial de Delitos Electorales –FEPADE- para que los funcionarios involucrados que aparecen en el video, sean requeridos y expliquen porque resguardan un predio particular en donde hay materiales para la construcción, y el uso de vehículos oficiales en horas laborables, recibiendo a particulares y entregando credenciales a cambio de materiales.
Dijo también que estos actos son para comprar el voto a favor de Denisse Ugalde Alegría, hija del presidente municipal Arturo Ugalde quien compite por la diputación federal 19.
También se solicitó al alcalde saque las manos del proceso electoral, ya que existen evidencias de utilizar al personal del Ayuntamiento en realizar proselitismo en horas de trabajo, situación que está penada y constituye un delito electoral que va desde una sanción administrativa hasta un proceso penal.