Toluca, Edomex.- Durante su intervención desde la tribuna de la LXII Legislatura del Estado de México, el diputado local Octavio Martínez denunció la falta de información clara y precisa respecto al presunto robo de 32 millones de pesos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem), ocurrido, según se ha señalado, a raíz de un supuesto ataque cibernético.
Durante su posicionamiento, el legislador subrayó que la gravedad de los hechos amerita una revisión exhaustiva y solicitó formalmente que tanto la Contraloría del Poder Legislativo como el propio TRIJAEM proporcionen la información detallada necesaria para esclarecer el caso.
«Es inadmisible que por robar comida o 300 pesos haya personas detenidas, mientras que ante un desfalco millonario como este no exista una acción contundente ni claridad en la información», recriminó Martínez.
Asimismo, el diputado cuestionó el proceder del presidente del Tribunal, quien, en lugar de transparentar el hecho, ha centrado su atención en la conducta del titular del Órgano Interno de Control (OIC). En palabras del legislador, esto contraviene la naturaleza de los OIC, cuya función es precisamente vigilar, advertir y sancionar posibles irregularidades administrativas en los órganos autónomos.
Martínez Vargas enfatizó que es indispensable escuchar al contralor del TRIJAEM, especialmente si es cierto que fue él quien advirtió sobre el presunto desvío de recursos. El legislador recordó que desde 2023 el tribunal goza de autonomía financiera, lo que refuerza la urgencia de revisar cómo se ejercen y supervisan los recursos públicos.
«No se puede desacreditar la labor de un contralor por cumplir con su deber. Este es el primero en la historia del tribunal y establecer un precedente en su contra sería peligroso. Si permitimos que se cuestione a todo titular de OIC que realiza una investigación incómoda, estaríamos debilitando los mecanismos de control interno», advirtió.
El diputado también criticó que el Poder Legislativo esté abordando este asunto sin tener atribuciones claras en la materia, por lo que hizo un llamado a actuar con apego a la legalidad, pero sin dejar de exigir verdad y transparencia.
Finalmente, reconoció a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por su diligencia en el tratamiento del tema, pero reiteró que para tener una visión completa de lo ocurrido es indispensable conocer el desglose de las investigaciones relacionadas no solo con los 30 o 32 millones desviados, sino con cualquier otra posible irregularidad dentro del tribunal.
«Necesitamos ver la película completa, en blanco y negro, sin omisiones ni encubrimientos», concluyó.
