El cierre de año para el gobierno del Estado de México estuvo muy movido, por un lado, los presidentes municipales salientes, durante la primera semana de diciembre, rindieron sus informes de gobierno, los cuales se realizaron en un clima de paz, sin protestas ciudadanas, fue lo dijo el secretario de Gobierno estatal, José Manzur Quiroga.
De manera casi simultánea, también comenzaron las tomas de protesta de los alcaldes entrantes y de sus planillas; cabe aclarar que estos entrarán en funciones hasta el primero de enero, sin embargo, por el periodo vacacional decembrino y por la cantidad de ediles (125 en total), se adelantaron estos eventos.
El gobernador Eruviel Ávila Villegas y el secretario de Gobierno, José Manzur, han encabezado dichos actos, en donde se han comprometido a apoyar a las próximas administraciones.
Manzur Quiroga ha expresado que los gobiernos deben ser ejemplo de honestidad, además de que el Estado de México impulsa municipios libres, autónomos y progresistas, donde cada ayuntamiento trabaja en beneficio de sus habitantes, y Eruviel Ávila ha gobernado, aseguró, sin distingos de ideologías partidistas, ni de preferencias políticas.
También habló de los aguinaldos y nóminas de los municipios; aseguró que ningún alcalde tendrá problemas. «Nosotros no nos metemos en las finanzas de los municipios y esperamos que a todos los presidentes municipales que están entregando les vaya muy bien, y entreguen buenas cuentas».
Otro tema que destacó en los últimos días, es la postulación de Alejandro Gómez Sánchez a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El procurador del Estado de México asegura que tiene una trayectoria y una conciencia limpia, “así como las capacidades necesarias para ser un juez constitucional independiente, imparcial, moderno y responsable”.
Sin embargo, en la entidad hay muchas carencias en materia de seguridad y que han derivado en los altos índices de delincuencia; también hay muchos temas sobre los cuales tendría que dar explicaciones, como el avance del narcotráfico, las desapariciones forzadas y los feminicidios.
El caso Tlatlaya es uno de estos casos, sobre el cual habló ante el Senado de la República e indicó que siete policías ministeriales están sujetos a acción penal, así como un agente del ministerio público por abuso de autoridad.
Ellos fueron acusados de tortura contra las mujeres presentes en la matanza ocurrida el 30 de junio de 2014 en este municipio.
En este hecho, pidió separar las acciones, por un lado las ejecuciones a manos de miembros del Ejército, lo cual es de orden federal; y la actuación de elementos de la PGJEM, sobre quienes ya se está aplicando la ley.
Aunque primero habrá que decir que por muy diferentes que sean los hechos, ninguno debe de ser minimizado, pues ambos son igual de graves; además la tortura de estas mujeres fue con la intensión de encubrir los hechos registrados en Tlatlaya, de los cuales tenía conocimiento la PGJEM y muy seguramente el procurador, que es casi un hecho que seguirían ocultos si estas mujeres no se hubieran atrevido a denunciar.
Ser ministro conlleva grandes ventajas y muchas cantidades de dinero, al menos que quienes lleguen a la SCJN sean personas con pensamientos progresistas y que realmente no obedezcan a intereses de otros poderes políticos, que los obliguen a guardar silencio.
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