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Editorial.- Eruviel Ávila y el caso Tlatlaya

Sobre el caso Tlatlaya el gobierno del Estado de México comienza a corregir el camino al aceptar las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), algunas de ellas expuestas en los espacios de opinión de este diario; pero además el gobernador de Eruviel Ávila Villegas habló de indemnizar a tres víctimas del caso.

Sin embargo, hace falta saber que sucederá con el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) que torturó a dos mujeres para que cambiaran la versión de los hechos.

Al respecto el mandatario capitalino indicó que se realizarán las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades; esperemos que en este proceso no vuelvan a encubrir las anomalías denunciadas, que se haga justicia, que limpien a la corporación, que sean respetados los derechos de las personas y garantizar que situaciones así no se repetirán, de lo contrario seguirá sonando falso el discurso de que los ciudadanos deben confiar en las instituciones y apegarse a ellas para hacer valer la ley.

Cabe mencionar que el gobierno estatal emitió el oficio 201.G/O/143/2014, fechado este mismo 6 de noviembre, donde el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas informó al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, la aceptación de la recomendación sobre el caso Tlatlaya.

El mandatario indica que girará las instrucciones necesarias al interior de su gobierno para dar cumplimiento a la misma, así como el seguimiento correspondiente que se irá informando a éste organismo nacional en los términos aplicables.

“Estaremos en las investigaciones y habremos de proceder conforme a derecho y con todo el rigor si alguien violó la ley, y habremos en este caso de hacerle justicia a quienes pudieron haber sido afectados por estos hechos”, fueron sus palabras.

En cuanto a las mujeres que fueron detenidas y torturadas manifestó: «Habremos de buscar la reparación del daño, tal como lo refiere la CNDH, a las tres víctimas de estos hechos, reitero el compromiso del Gobierno del Estado de México para respetar y hacer respetar los derechos humanos en nuestra entidad».

La recomendación de la CNDH refiere que las dos mujeres, luego de los hechos registrados en Tlatlaya, fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía de asuntos especiales en Toluca, en donde fueron maltratadas por su personal “con la finalidad de que confesaran su relación con algunas de las personas que fallecieron el 30 de junio de 2014, así como otros presuntos miembros de la delincuencia organizada, pero también, para que omitieran declarar respecto a la forma en la que se había dado muerte a las personas al interior de la bodega”.

Las mujeres fueron golpeadas, recibieron amenazas de dañar a sus familias, les sumergieron la cabeza en la taza del baño, sufrieron amenazas de violación, asfixia con bolsas de plástico, por lo que aceptaron firmar un documento sin leerlo.

Peritos y especialistas realizaron estudios médicos a las dos víctimas y corroboraron que fueron maltratadas.

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